La Infanta Cristina, hija del rey de España, será imputada por los presuntos delitos de fraude fiscal y lavado de dinero.
El juez José Castro, quien está a cargo del caso, informó públicamente que al parecer la infanta está involucrada en su condición de copropietaria de Aizoon, empresa familiar a la que se desviaron más de un millón de euros públicos desde el Instituto Nóos que dirigió el esposo de Borbón, Iñaki Urdangarin.
Según el Mundo.es, “los delitos que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma atribuye a Doña Cristina están severamente castigados por el Código Penal. El blanqueo de capitales conlleva una pena de cárcel de hasta seis años, además de una multa que puede ser del triple de la cantidad de dinero lavada. El fiscal puede acarrear un máximo de cinco años de en prisión y una sanción económica”.
