La Procuraduría formuló pliego de cargos contra Norman Julio Muñoz, quien se desempeñaba como superintendente nacional de salud, por presuntos incumplimientos en los requisitos para la autorización del funcionamiento de la EPS Medimás.
El ministerio Público tomó la decisión porque Muñoz habría permitido y autorizado el inicio de operaciones de Medimás sin que esta contara con una red de prestadores de servicio en el país. El ente aseguró que incumplió los deberes propios de su cargo.
Medimás inició operaciones el 1 de agosto de 2017, al parecer, sin que tuviera organización administrativa y la capacidad técnica y científica suficiente para cumplir con sus obligaciones.
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"No contaba con una red de prestadores de servicio contratada que garantizara cobertura a nivel nacional, conforme a los niveles de complejidad, mínimos necesarios para atender integralmente las necesidades de salud de la población afiliada", señaló Gloria Yanet Quintero, procuradora delegada.
Además de estas irregularidades, a Muñoz se le cuestionó no haber iniciado procedimientos en contra de la EPS, al darse cuenta de las falencias y las reiteradas denuncias por incumplimiento, que habrían podido dar lugar a una intervención forzosa administrativa, toma de posesión, revocatoria o suspensión de la habilitación de funcionamiento.
Con la investigación se pudo determinar que se levantaron más de 15.000 quejas en contra de la prestadora de servicios de salud, sin que se hubieran tomado acciones. Además, la Procuraduría tiene más de 30 pruebas que evidencian incumplimientos por parte del exfuncionario.
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Entre ellas que la EPS no contaba con la red integral de prestación de servicios médicos y que Medimás no había contratado con empresas sociales del Estado y hospitales públicos para la atención de la población afiliada.
Muñoz había sido suspendido provisionalmente durante tres meses en octubre de 2017; para el 1 de febrero presentó su carta de renuncia ante el presidente de la República, Juan Manuel Santos.
