Fiscalía comprueba crímenes de autodefensas

9 de junio del 2018

Luego de las audiencias que se realizaron de Justicia y Paz en Medellín donde analizaron las declaraciones y confesiones de los afectados por el Bloque Élmer Cárdenas, los crímenes perpetrados en los departamentos del Chocó, Cundinamaca, Boyacá, Antioquia y Santander, tales como el desplazamiento, homicidio, violencia de género y de reclutamiento fueron garantizados por la […]

Autodefensas

Luego de las audiencias que se realizaron de Justicia y Paz en Medellín donde analizaron las declaraciones y confesiones de los afectados por el Bloque Élmer Cárdenas, los crímenes perpetrados en los departamentos del Chocó, Cundinamaca, Boyacá, Antioquia y Santander, tales como el desplazamiento, homicidio, violencia de género y de reclutamiento fueron garantizados por la magistratura y la Fiscalía.

Uno de los cabecillas, reconocido por haber secuestrado a la exsenadora Piedad Cordoba al que le llaman por el alias “El Alemán” es uno de los paramilitares que arrebató 60 fincas que suman un total de 3.500 hectáreas. Incluso sus hombres atacaron a cientos de indígenas y afrodescendientes que se negaron a vender sus tierras para sembrar palma.

El líder no trabajó solo sino que compartió delito con Salvatore Mancuso, aunque este todavía está en investigaciones por parte de la Fiscalía y la Procuraduría. Ninguno de los dos ha aceptado haber usurpado estas tierras debido a que había otro grupo comandado por “Omega” y “Palillo” que en ese momento estaba residiendo en el mismo lugar.

La razón que más se ha escuchado por Fredy Rendón Herrera durante la diligencia de versión libre es que el simplemente actuaba como líder comunitario. “Eran pagos concertados. Los madereros pagaban voluntariamente un impuesto del 5% sobre maderas finas y 3% sobre maderas ordinarias. A las personas que no querían contribuir, no se les tomaba algún tipo de retaliación. Esas empresas que aportaban eran Maderas del Darién y Tríplex Pizano”, expresó el cabecilla.

Tras ser esclarecidas algunas de las masacres que fueron realizadas por este bloque, como la masacre de Bojayá en mayo del 2002 cuando lanzaron un cilindro de gas que derribó la iglesia, mató a 199 personas, la mayoría de los cuales eran niños.

No sólo se supo los patrones de macrocriminalidad que pasan las 6.900 víctimas del conflicto armado, sino también que tendrán el derecho de la pena alternativa de los ocho años.

Lo que ahora les sigue a estos victimarios es el acto que demanda la judicatura como lo solicita La Fiscalía, el cual es un acto de reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas, así mismo la parte de arrepentimiento público y por último y no menos importante, los actos simbólicos que han quedado establecidos por la magistratura.

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