La Gobernación del Cesar ya no tendrá que pagar $2.300 millones

La Gobernación del Cesar ya no tendrá que pagar $2.300 millones

12 de Septiembre del 2017

El Consejo de Estado, a través del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, declaró nulo el contrato celebrado por el ente territorial que obligaba a la Gobernación del Cesar, pagarle $2.300 millones a un contratista.

El lío jurídico comenzó en el año 1999, cuando con el propósito de hacer valer sus derechos patrimoniales por la privatización de la empresa Electrocesar S.A. ESP y por el cobro de los dineros desviados de la emisión de una estampilla de Universidad de Cartagena; la Gobernación del Cesar, contrató un servicio de asesoría legal.

En octubre del año 2000, en un acta de liquidación del contrato, el entre territorial y el contratista, establecieron que las acciones emprendidas por este último, le reconocieron derechos patrimoniales por más de 23.000 millones de pesos, lo que obligaba al Cesar a cancelarle 2.300 millones.

Pero, la Procuraduría General de la Nación, demandó el contrato ante el Consejo de Estado, lo que llevó a que el alto tribunal declarara su nulidad y la del acta liquidatoria y de paso, le ordenó al contratista devolver a la gobernación 22 millones de pesos, por el asnticipo que se firmó en el contrato.

Por su parte, el abogado del contratista, interpuso un recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado, alegando que el Consejo de Estado no tenía la competencia para declarar la nulidad de un contrato. Además, consideraba que se había producido la prescripción extintiva de la acción, pues la firma de dicho contrato aunque el término era de 20 años, una reforma legal lo redujo a 10.

Sin embargo, la Sala Especial de decisión 6° del alto tribunal, después de realizar el estudio correspondiente, concluyó que la Sección Tercera sí tenía elementos suficientes para declarar la nulidad tanto del contrato como de la liquidación. Además, debido a que el contratista no le informó a la Sección Tercera su decisión de acogerse a ese término legal, no podía aplicarse la prescripción de 10 años contenida en esa reforma.