El coronel Dionisio Calderón Sánchez, director encargado del Inpec regional Norte, y la subdirectora de la penitenciaria, Mistelva Garcés, fueron destituidos de sus cargo debido a los excesos que
El coronel Dionisio Calderón Sánchez, director encargado del Inpec regional Norte, y la subdirectora de la penitenciaria, Mistelva Garcés, fueron destituidos de sus cargo debido a los excesos que se realizaron dentro del penal durante el matrimonio de Jorge Luis Alfonso López, hijo de la condenada Enilse López Romero, conocida como 'la Gata'.
Las investigaciones en su contra comenzaron luego de que se conociera una celebración "excesiva" al interior de la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla.
Las denuncias señalaron que durante la ceremonia se evidenciaron abuso de alcohol, mujeres, una lluvia de billetes de $50.000, en vez de la tradicional lluvia de arroz, y otros excesos. Al parecer, la guardia del Inpec fue permisiva al exceso cuando permitieron que en el patio de presos políticos se llenara de invitados que tomaron, bailaron, arrojaron billete y se extendieron la celebración hasta el amanecer.
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Según el régimen disciplinario del Inpec, algunos eventos son permitidos dentro del recinto carcelario, si son autorizadas por la Dirección Nacional del Inpec, pero ni la fiesta, ni el matrimonio contaban con dicho aval, por lo que se abrieron las investigaciones.
“Lo que ocurrió aquí fue que ni el matrimonio ni la parranda que hubo después estaban autorizados por Bogotá. Por eso se abrió la investigación contra el director regional y la directora de la cárcel del Bosque”.La resolución con declaratoria de insubsistencia les fue enviada a los dos funcionarios el pasado viernes 7 de junio, pero sólo hasta este lunes 10 de julio les fue notificada. [single-related post_id="715983"] Además, Dionisio Calderón Sánchez ya estaba siendo investigado por la Procuraduría Regional del Atlántico por presuntos tratos violatorios a los derechos humanos de los internos del penal dese hace un año. Luego de que, el pasado 29 de diciembre de 2016, varios reclusos denunciaron ante el Ministerio Público torturas y tratos crueles durante un operativo de registro y control que habían realizado días atrás. Los denunciantes aseguraron que el Grupo de Reacción Inmediata del Inpec les propinó fuertes golpizas como castigo y no recibieron la atención médica oportuna.