Representantes del Congreso de los Pueblos y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica denunciaron en Buenos Aires una situación de "montajes judiciales y persecución política" que, consideran, existe actualmente en Colombia.
La sesión, dirigida por el delegado de la comisión internacional de la Marcha Patriótica, Javier Calderón, buscó "concienciar a la sociedad argentina" de la situación que atraviesan trece activistas detenidos tras el doble atentado perpetrado a principios de julio en Bogotá y en el que resultaron heridas ocho personas.
"Lo que se está configurando es un montaje judicial ante la necesidad de mostrar la eficiencia de la fuerza pública y de la justicia", declaró a Efe una de las integrantes de la Comisión de Comunicaciones de la Marcha en Argentina, Marietta Toro.
El pasado 8 de julio, también fueron detenidos otros cuatro integrantes de Marcha Patriótica, acusados de "rebelión, terrorismo y secuestro" por actividades realizadas en 2013 en el marco del paro agrario.
Además, según señala Toro, "hay más órdenes de captura" previstas.
A su entender, estas detenciones son una estrategia para "tratar de calmar" a quienes exigen el "cese de los diálogos y la reanudación del conflicto en su totalidad".
El "extenso" historial de acusados, entre ellos "más de 9.500 presos políticos" en Colombia, son para Toro el resultado de "decisiones arbitrarias", con la única existencia de "pruebas y testimonios falsos", a los que se suma un juicio mediático "irreparable".
"Quien es detenido es inocente hasta que se demuestre lo contrario", remarcó la activista.
En este sentido, una de las peticiones que realizan al Gobierno colombiano desde Marcha Patriótica es "que se respete la presunción de inocencia", cese "la persecución al pensamiento crítico" y la "criminalización de la protesta social".
El Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica asegura que logró "movilizar" a una importante parte de la sociedad colombiana en favor de la paz.
También ha impulsado iniciativas como la que hoy presentaron en la capital de Argentina, además de pasar por Francia, Bélgica, y México.
Los organizadores de esta conferencia sostienen que están analizando con diferentes colectivos de abogados y organizaciones de derechos humanos las acciones que pueden emprender para, en un futuro, pedir ayuda a las autoridades internacionales, concluyó Toro. EFE
