Colombianos marcharon contra el Fracking

8 de junio del 2019

Ciudadanos exigieron que no se permita la técnica de fraccionamiento hidráulico.

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Foto: Juancho Torres - Anadolu

Con mensajes como: “Porque el agua vale más que el dinero”, “frack you!”, “agua sí, petróleo no”, o “defendiendo mi territorio de su avaricia y corrupción”. Miles de personas marcharon en Colombia para decir ‘No’ al fracking y a la mega minería en el país.

Desde organizaciones civiles, indígenas, reconocidos artistas y ciudadanos, hasta gobernadores y alcaldes, le exigieron al Gobierno Nacional y al Consejo de Estado que no den vía libre al fracking en Colombia.

Según datos de organizaciones participantes, la jornada se realizó en más de 100 ciudades y municipios del país, como Bogotá, Barrancabermeja, Bucaramanga y el Carmen de Chucurí (Santander), Cúcuta (Norte de Santander), Tauramena (Casanare), Ortega e Ibagué (Tolima), o Villa de Leyva, Tunja, Chiquinquirá, Ráquira, Duitama, Sogamoso, Saboyá, Soatá, Otanche y Puerto Boyacá (Boyacá).

El alcalde de Ibagué, Guillermo Jaramillo, y el gobernador de Nariño, Camilo Romero, estuvieron entre los dirigentes locales que participaron activamente en las manifestaciones.

“Una vez más acompañamos la XI Marcha Carnaval en defensa del agua, la vida y el territorio. Desde esta administración rechazamos las prácticas que afecten nuestro medio ambiente”, dijo Jaramillo.

Y desde Bogotá, luego de asistir a una audiencia en el Consejo de Estado, Camilo Romero afirmó que “no todo vale en el sentido de un supuesto desarrollo”.

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“Hemos entendido que el desarrollo es humano y sostenible, de lo contrario no es posible. Está surgiendo una nueva ciudadanía y estaremos más vigilantes de quienes nos gobiernan”, señaló el gobernador.

La masiva jornada se realizó mientras el tribunal administrativo más importante de Colombia, el Consejo de Estado, iniciaba audiencias sobre las propuestas para perforar el subsuelo para extraer hidrocarburos, así como una demanda contra las normas que regulan dicha técnica y que actualmente suspendidas desde noviembre de 2018.

En la diligencia judicial, el alto tribunal ordenó a la Universidad Nacional crear una nueva comisión de expertos para realizar una serie de pruebas, que tienen con fin responder varios interrogantes sobre la técnica del fracking, sus métodos y riesgos, efectos en la salud humana, en el ambiente y en el futuro energético del país, entre otros.

Dicho informe deberá ser entregado en un plazo no mayor a tres meses.

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