La nueva ofensiva de Trump contra los indocumentados

La nueva ofensiva de Trump contra los indocumentados

22 de febrero del 2017

La administración de Donald Trump proclamó este martes una serie de órdenes ejecutivas que buscan combatir la inmigración ilegal y abren la puerta a la deportación masiva de indocumentados que viven en EE.UU.

Las nuevas órdenes firmadas por Trump no son sólo un cambio en las directrices para los funcionarios federales y los oficiales de inmigración, sino que también representa un gran cambio frente a la manera en que EE.UU. estaba abordando la inmigración ilegal.

Estas directrices marcan un punto de partida coercitiva: se facilitará la captura de ilegales, se les restringirá su libertad tras su detención, se aumentará el pie de fuerza y se permitirá la expulsión inmediata. Sin embargo, los portavoces del gobierno han dado otra interpretación a la medida: “No queremos crear pánico ni proceder a deportaciones masivas, sino sólo hacer cumplir la ley”, señalan sus portavoces, quienes aseguraron que “todos aquellos que violen las leyes de inmigración pueden ser sujetos de los nuevos procedimientos, incluyendo la expulsión de Estados Unidos”.

Lea también: Hollande se burla de Trump y defiende a una Europa unida

La orden instruye que los funcionarios de inmigración deben expulsar del país a todo quien posea un récord criminal, incluyendo quienes no tengan un documento, porten documentos falsos o hayan abusado de los programas de ayuda. Asimismo, el secretario de seguridad, Jhon Kelly, le ha otorgado a los oficiales “autoridad completa para arrestar al extranjero de quien se considere probable que haya violado las normas de inmigración” y aunque el documento firmado por el presidente establece ciertas preferencias en las detenciones, el filtro permite reconocer como objetivo todo aquel que consideren un “riesgo para la seguridad pública”.

Además: Donald Trump despide a fiscal general por desobedecer su orden contra inmigrantes

Asimismo, la orden permite la expansión de las “expulsiones expeditas”. Esta modalidad se aplicaba a los indocumentados capturados que llevaran menos dos semanas en el país en un radio de 160 kilómetros de la frontera; sin embargo, las nuevas órdenes anulan este límite geográfico y permite este tipo de deportación a quienes lleven menos de dos años en territorio estadounidense. Las únicas excepciones para esta medida son los menores y los que están pidiendo asilo en el país.

Además, se les restringirá la liberación a los indocumentados luego de su detención: “Esta medida será usada excepcionalmente y solo en los casos donde, después de un atento estudio de las circunstancias, se considere necesaria por razones humanitarias o por un significativo beneficio público”. Esta medida modifica la orden que permitía  que los indocumentados entraran al país mientras su caso se evaluaba en la corte; ahora, las personas capturadas deben permanecer bajo arresto hasta que un juez tome la decisión de su caso.

Lea también: Del terror a la esperanza, la vida de inmigrantes en la era Trump

De la misma forma, la administración planea contratar alrededor de 10.000 agentes y más jueces de inmigración para acelerar los procesos, además de construir nuevos centros de detención.

Anteriormente, a los inmigrantes se les permitía esperar la respuesta a la solicitud de asilo o la condición de refugiado en el país. Sin embargo, las nuevas medidas plantean devolver a las personas capturadas en la frontera a México, sin importar del país del que provengan. Este planteamiento podría también generar un conflicto diplomático con México, ya que es poco probable que el país de los aztecas acepte esta decisión.

Le puede interesar: Muro de Trump obligará a los inmigrantes a tomar rutas más peligrosas

Además, Trump busca poner en marcha la búsqueda de 21.6 millones de dólares para comenzar la construcción del muro de casi 2000 millas en la frontera entre México y Estados Unidos. De la misma forma, se  abrió un proceso para  “identificar y cuantificar todas las fuentes directas o indirectas de ayudas federales y de asistencia al Gobierno mexicano”, con el fin de identificar cuánto dinero recibe el país vecino y utilizar este valor para que el pago del muro lo realice México.

Uno de los únicos programas que no se verán afectados por la nueva normativa es el programa DACA, promovido por el expresidente Obama para la protección de los ‘Dreamers’ y que les permitía a los jóvenes indocumentados traídos desde niños por sus padres, a acceder a un período renovable de dos años de acción diferida por deportación y un permiso de trabajo.