El representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Todd Howland, pidió el miércoles a la Corte Constitucional de ese país que modifique la ley de amnistía e indulto para que ésta se ajuste a la Carta Magna.
"Mucha gente dice que la ley de amnistía es crítica para el éxito del proceso de paz, pero la Ley de Amnistía debe ser sostenible y consistente con las obligaciones encontradas en la Constitución Política", dijo Howland en una audiencia en la Sala Plena de la Corte Constitucional, la cual fue transmitida por la red social Facebook Live.
Durante tal audiencia, convocada por la Corte para debatir la norma que beneficia a los guerrilleros de las FARC y a los agentes del Estado, Howland agregó que las Naciones Unidas consideran pertinente que el alto tribunal lea dicha ley y la cambie "para hacerla consistente con la Constitución y con las obligaciones internacionales".
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El funcionario argumentó que los actores del conflicto que han sido beneficiarios de dicha ley (también conocida como Ley 1820, de 2017) no han hecho acciones sociales reparadoras por los crímenes que cometieron, lo cual es contrario a la Constitución.
"Hay un esfuerzo real en esta ley de amnistía para dar beneficios a los violadores de derechos humanos sin tener que hacer reconocimientos o esfuerzos de no repetición y acciones de reparación", señaló.
Asimismo, manifestó que "es importante decir que la ley de amnistía está, en realidad, creando beneficios a personas sentenciadas o a personas protegidas como miembros de la Fuerza Pública y FARC, sin hacer reconocimiento, sin hacer aportes de la verdad, sin hacer reparaciones de labores sociales".
Al respecto precisó que eso no se corresponde con el concepto de justicia restaurativa.
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De igual manera, el fiscal general señaló sus críticas a la ley, entre las que se encuentran los llamados delitos conexos, “Eso no se aviene a la Constitución política, sería un régimen de impunidad e inmunidad que no acepta el orden jurídico colombiano y mucho menos un código de ética para el cierre del conflicto en la sociedad colombiana”, aseguró.
La Defensoría del Pueblo también presentó sus objeciones a través de la delegada Paula Robledo, quien cuestionó que la ley no permitirá que se interponga acciones legales para que los agentes del Estado paguen por los daños causados económicamente: “Esto ocasiona un detrimento del patrimonio del Estado, de la garantía de los fines y obligaciones, entre ellos la reparación de las víctimas”, aseguró Robledo.
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Por su parte, Unicef aseguró que debería ser delito de guerra el reclutamiento de menores entre los 15 y 18 años y no solo para menores de 15 años.
La discusión sobre el tema busca escuchar las diferentes voces respecto de la Ley de Amnistía en Indulto que se derivó de los acuerdos de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en La Habana, y respecto de la cual el Gobierno le ha solicitado a la Corte Constitucional que la avale porque, sostiene, la misma cumple con el respeto por el Derecho Internacional Humanitario.
Con información de Sputnik Noticias.
