La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgó medidas provisionales por el caso de la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981, y ordenó suspender el trámite de aprobación de la Ley
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgó medidas provisionales por el caso de la masacre de El Mozote, ocurrida en 1981, y ordenó suspender el trámite de aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional, una iniciativa legislativa que se tramita en la Asamblea Legislativa y que brindaría amnistías en El Salvador.
“La @CorteIDH otorgó medidas provisionales por #ElMozote y ordenó suspender el trámite de la Ley de Reconciliación Nacional. Exigimos que la @AsambleaSV abra la participación a la soc (sic) civil y responda a estándares internacionales”, informó mediante un mensaje en su cuenta de Twitter la organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que ha acompañado a las víctimas.
Según explicó la institución defensora de derechos humanos, el Congreso salvadoreño debe suspender el trámite legislativo, o de lo contrario entrarían en desacato.
Gisela de León, directora jurídica de Cejil, aseguró que la decisión se da en un momento en que los derechos de las víctimas por esta masacre “se encuentran en grave riesgo debido a la discusión que se ha tenido en las últimas semanas” por dicho proyecto de Ley.
“Si bien la adopción de esta Ley fue ordenada por la sala de lo Constitucional, esta Ley tiene una serie de disposiciones que atenta contra los estándares internacionales”, agregó de León.
Además de ordenarle al Estado suspender el trámite de aprobación de la Ley de Reconciliación, también le pide que presente un informe sobre los efectos de la misma en el acceso a la justicia, en un plazo de 30 días.
La solicitud fue hecha el viernes pasado por la Cejil, en conjunto con la organización Tutela Legal María Julia Hernández.
Las medidas provisionales solicitadas se enmarcan en la supervisión de cumplimiento de una sentencia emitida en 2012 por la Corte IDH sobre este caso. En ella, se determinó la responsabilidad del Estado salvadoreño por dicho episodio, considerado como el hecho más sangriento durante el conflicto salvadoreño y sobre el que más pruebas se han recopilado en los últimos tres años.