Funcionarios adelantan paro en la Rama Judicial

Vocero Judicial

Funcionarios adelantan paro en la Rama Judicial

2 de noviembre del 2018

Varios juzgados civiles municipales han suspendido desde la mañana de este 2 de noviembre la atención al público, para exigir que el Consejo Superior de la Judicatura revoque un acuerdo que convierte algunos de esos despachos en juzgados de pequeños causas.

La molestia dentro de los funcionarios judiciales surgió por el acuerdo 11127 de octubre 12 de 2018, que expidió el Consejo Superior de la Judicatura y que ordenaba convertir 39 juzgados civiles en juzgados de pequeñas causas en Bogotá. “Con el propósito de garantizar el acceso a la administración de justicia de los usuarios, la adecuada implementación de la oralidad prevista en el Código General del Proceso y lograr mayor eficiencia y eficacia en la prestación del servicio de administración de justicia, así como para equilibrar las cargas de trabajo de los despachos judiciales en esta ciudad”, afirma el acuerdo.

Según las asociaciones de abogados litigantes, y sindicatos judiciales, esta medida lo que hará es retrasar aún más la justicia y aumentar la carga laboral de los juzgados actuales. Además piden definir cómo se manejará el cargo de escribiente que quedaría en el aire al implementarse el acuerdo.

“El traumatismo que causa esto es que los procesos que tenían estos juzgados de base se redistribuyen en los otros juzgados que quedan, es decir en los 57 restantes. A parte de eso, se llevan unos procesos que los juzgados ya tienen, más los procesos de mínima cuantía que deben asumir. Eso quiere decir que la carga que le queda a los otros juzgados va a ser aumentada en un 30% y la carga que les llega en este momento va a ser superior, porque a cada uno de los juzgados de las localidades les están llegando 50 demandas diarias y en este momento tienen una sobrecarga de 1.800 procesos”, aseguró en diálogo con KienyKe.com, Orlando Chinchilla, líder del sindicato Vocero Judicial.

El acuerdo también estableció el traslado de un cargo de un escribiente, empleado con funciones de secretaria y atención al público, de los actuales juzgados civiles a los de pequeñas causas, a partir del primero de noviembre de 2018 y hasta el 30 de noviembre de 2019.  Lo que implica, según Chinchilla, que el nuevo juzgado quede con menos personal y más carga procesal.

Otro de los aspectos que molesta a los funcionarios judiciales es que esto implicaría que los nuevos juzgados ya no sean competentes en algunos procesos, estos tendrían que trasladarse a los Civiles Municipales y ese proceso tomaría cerca de dos meses. En este tiempo, el juez tendría que conocer y calificar los casos que lleguen a su despacho, además durante ese tiempo las audiencias que ya se encuentren programadas no se podrán realizar.

Eso fue lo que expresaron los abogados litigantes, quienes esperan que sus procesos se solucionen pronto y se les paguen los títulos, pero con el acuerdo tendrán que detenerse los casos hasta que puedan llegar a los despachos que van a tomar propiedad de ese proceso. A los dos meses de traslado, se le suma el tiempo de vacaciones que la Rama Judicial tomará desde el próximo 19 de diciembre, hasta el 11 de enero del 2019.

Por eso la atención a usuarios de un edificio como el Hernando Morales en Bogotá que tiene juzgados civiles municipales, ubicado sobre la carrera décima, se ha suspendido desde el 1 de noviembre. “Queremos que el acuerdo se revoque, no se aplique, porque no está presentando ninguna solución, sino que está entorpeciendo más la justicia”, afirmó Chinchilla.

“Tenemos una sobrecarga de procesos, este tipo de medidas lo que hace es atrasar la justicia. Más del 300% de las demandas se ha incrementado, mientras que la oferta no pasa del 30”, afirmó el líder de Vocero Judicial a este medio. Temen también que ese retraso en la calificación de los procesos provoque vencimiento de términos y eso acarree faltas disciplinarias para el juez que atiende los casos.

El paro judicial se mantendrá en las sedes Hernando Morales Molina, Camacol, San Remo y algunos los juzgados de familia, quienes creen que se les va a aplicar también a ellos la nueva medida, hasta que el Consejo Superior derroque el acuerdo.