El abogado contratista involucrado en el Carrusel de la Contratación de Bogotá, Álvaro Dávila Peña, tendrá que responder por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en celebración de contratos. Será hasta el próximo 26 de julio, a las 9 de la mañana, que se conozca la pena que deberá pagar.
La encargada de llevar a cabo el proceso fue la juez primera de Bogotá, y condenó al hombre que entre 2008 y 2009 se encargó de diseñar la estrategia judicial para que las licitaciones que terminaron en empresas que eligió la administración del exalcalde Samuel Moreno parecieran legales.
Al parecer, y según la investigación, él estructuró negocios y realizó contratos de prestación de servicios destinados a los hermanos Moreno Rojas y otros funcionarios. Desde el pasado mes de marzo, la Fiscalía, respaldada por la Procuraduría General de la Nación, pidió una condena superior a 16 años de prisión para Dávila por su responsabilidad en las irregularidades.
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La juez primera aseguró: “Como bien lo acota la Fiscalía, el acuerdo criminal buscaba cometer delitos relacionados con la contratación de obras en el Distrito Capital, siendo una organización con vocación de permanencia y durabilidad de la empresa acordada que tenía como propósito la realización de delitos indeterminados”.
Agregó que la Fiscalía acreditó que Dávila se asoció con funcionarios públicos y particulares para "defraudar las arcas estatales". Aseguró que Emilio José Tapia Aldana también investigado por estos hechos, declaró "sin vacilación alguna que hizo parte de una empresa criminal junto con Samuel e Iván Moreno, Inocencio Meléndez y particulares como Álvaro Dávila Peña y Julio Gómez, a través de promesas remuneratorias que se hicieron para pactar comisiones y lograr adjudicaciones de contratos”.
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Antes de la audiencia, Dávila y su abogado querían dilatar el proceso, la defensa renunció unas horas antes de conocerse el fallo. La juez les llamó la atención: “Así como el señor Álvaro Dávila lo pone de presente en esta audiencia pública, lo claro es que le compete a esta servidora judicial que se garantice la presencia de un servidor de confianza para el procesado o con un abogado designado por el Estado, a fin de adelantar la diligencia”.
