Aún el panorama laboral para los 2300 empleados de la Contraloría sigue siendo incierto. La comisión de arquitectos que el el contralor general, Edgardo Maya, envió a la sede del ministerio de Justicia, espacio que el Gobierno les brindó mientras se lleva a cabo una solución definitiva, indicaron que en el espacio ofrecido solo tienen cabida 310 empleados.
Maya no ha aceptado el traslado de algunos de sus empleados a la sede del ministerio, ubicada en el centro de la ciudad. Según fuentes de la entidad, tanto el contralor como sus empleados están a la espera que sea fallada a su favor la tutela que el sindicato de la entidad interpuso a finales del año pasado.
Por otro lado, según empleados de la Contraloría, debido al desmonte del datacenter ya hay inconvenientes para que postulados a funcionarios públicos se vinculen laboralmente con el Estado. Al menos cinco gobernaciones ya ha reportado inconvenientes para obtener el certificado fiscal, documento obligatorio para firmar como empleado público.
Se estima, según la Contraloría, que en el tiempo en que demoren desmontando, trasladando y reinstalando el datacenter, se dejen de atender mas de un millón y medio de solicitudes de antecedentes fiscales.
