Decreto cuidaría las fuentes hídricas de Colombia

Decreto cuidaría las fuentes hídricas de Colombia

6 de julio del 2018

Se firmó el Decreto que aumentará las inversiones para la protección de las cuencas y fuentes de agua en Colombia. La nueva norma adiciona costos tarifarios inferiores al 1%. La iniciativa requiere una sanción presidencial. 

El Decreto implicaría que cada colombiano pague con su factura, por cada metro cúbico, un peso. Es decir, lo que pagaría en promedio la clase media son $100 pesos, en una factura de $140 mil pesos. También serían 20 veces más recursos que los que hoy en día destinan las empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. La idea es garantizar la oferta de agua a largo plazo. 

La firma de la reglamentación se realizó durante el vigésimo Congreso Nacional e Internacional de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones. El encuentro tiene como tema central el crecimiento verde y el agua. El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Camilo Sánchez Ortega, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, fueron los encargados de firmar el Decreto.  

“Firmamos este decreto porque las empresas prestadoras del servicio pensaron durante muchos años que esta era una alternativa para poder avanzar sin impactar de manera agresiva la tarifa que pagan los usuarios. Los recursos naturales como el agua son finitos, por eso deben ser protegidos”, destacó el jefe de la cartera de Vivienda.

El Ministerio de Vivienda señalará el lapso en que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA–, deberá expedir la regulación necesaria para incorporar los costos. Por otra parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tendrá que definir el mecanismo de inspección, vigilancia y control de los mismos.

Por último, el ministro indicó que Colombia tiene que invertir cerca de $74 billones hasta el año 2030 para cumplir los compromisos de la Ocde. Este es el club de países que promueve el uso de buenas prácticas públicas en materia social, política y económica.