Procuraduría destituyó e inhabilitó a exrector de Pamplona

26 de julio del 2018

Según las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación, se encontró que el entonces rector del Instituto Superior de Educación Rural (ISER) de Pamplona, José Gustavo Quintero Guío, concedió en 2012 y 2013 viáticos a ocho funcionarios del instituto sin el cumplimiento de los requisitos legales o sin que tuvieran derecho a ese beneficio. […]

Procuraduría destituyó e inhabilitó a exrector de Pamplona

Según las investigaciones de la Procuraduría General de la Nación, se encontró que el entonces rector del Instituto Superior de Educación Rural (ISER) de Pamplona, José Gustavo Quintero Guío, concedió en 2012 y 2013 viáticos a ocho funcionarios del instituto sin el cumplimiento de los requisitos legales o sin que tuvieran derecho a ese beneficio.

El ente sancionó con destitución e inhabilidad por diez años a Quintero Guío, quien según las observaciones, sería responsable de nueve cargos disciplinarios por irregularidades en el manejo administrativo de esa entidad, además de estar involucrado en el compromiso de más de $100 millones de la vigencia fiscal de 2012, para el rubro de Proyectos Educativos y de Extensión, sin contar con el flujo de efectivo necesario para cumplir con ese compromiso.

Entre los malos manejos administrativos y financieros en los que habría incurrido el exrector, se agrega el incumplimiento del pago de la construcción del techo y otras adecuaciones programadas para el edificio, obra de la cual actualmente solo se ha cancelado el 35% del valor del contrato pactado. También la firma de un contrato para el mantenimiento preventivo de los vehículos y la maquinaria agrícola del instituto por $15 millones, sin contar con los estudios de conveniencia que sustentarán ese gasto y otro por más de $14 millones para el suministro de gasolina y lubricantes para el parque automotor de la entidad, del que no se llevaba un control de la cantidad de combustible recibido.

Así mismo, se encontró responsable por la compra de un autocable para esterilización y un ecógrafo portátil, según la investigación, avaluados en más de $12 millones, equipos que nunca fueron entregados al laboratorio veterinario del instituto y sin embargo fueron incluidos en el inventario.

Por estos hechos, la Procuraduría lo halló responsable de una falta gravísima a título de dolo, por no actuar con responsabilidad en el desempeño de su cargo, no cumplir adecuadamente con sus funciones e infringir los principios de la contratación estatal.

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