Aunque faltan por votarse 12 artículos, entre los que se encuentra el tribunal que investigará a los altos dignatarios del país, la plenaria de la Cámara de Representantes ya evacuó en su cuarto de ocho debates, 24 artículos del proyecto de acto legislativo equilibrio de poderes.
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Hasta el momento la Cámara aprobó una curul en el Senado de la República para los departamentos con menos de 500 mil habitantes. Según el proyecto, los candidatos deben haber vivido mínimo dos años en el lugar a representar. También fue aprobada una curul en la Cámara de Representantes para la comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
También quedó en firme la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura se establece que el Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial esté compuesto por tres niveles de administración: la Sala de Gobierno Judicial, la Junta Ejecutiva y el Director Ejecutivo.
Igualmente, se aprobó que la elección de los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado estará en manos de la misma corporación, si hay vacantes y no eligen en dos meses, la Sala de Gobierno deberá elegir su reemplazo. Así mismo, los magistrados no serán reelegidos, tendrán periodos de ocho años y no podrán ocupar altos cargos hasta después de un año, según lo aprobado por los congresistas.
Igualmente, el pasado miércoles fue aprobada por la plenaria de la Cámara de Representantes la eliminación de la reelección presidencial, estableciendo que esta solo podrá ser derogada por medio de un referendo o asamblea constituyente. Así mismo, la eliminación de la reelección del Fiscal, de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, del Registrador, del Contralor General, de los contralores departamentales, distritales y municipales, del Procurador General y del defensor del pueblo.
Dentro de los artículos aprobados también está la ampliación de la figura de la 'silla vacía', estableciendo responsabilidad de los partidos o movimientos políticos por los candidatos que hayan cometido delitos dolosos contra la administración pública, de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio. También prohíbe la inscripción de candidatos que hayan sido condenados, no podrán ser servidores públicos, ni contratar con el Estado.
