Ante los continuos asesinaos y amenazas a los que se ven constantemente expuestos lídres sociales y defensores de los Derechos Humanos en el país, organismos del Estado han tomado la decisión de crear una mesa que analice la efectividad de las medidas de protección tomadas para defender a esta población.
La iniciativa que fue presentada por la Procuraduría General de la Nación busca que en este nuevo espacio se le haga seguimiento a lo hecho por las autoridades responsables para prevenir que se den acntecimientos que vulneren los derechos, protejan a las víctimas e investiguen los casos denunciados.
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Fernando Carrillo Flórez, cabeza del Ministerio Público, aseguró que en su oficina actualmente cursan investigaciones en contra de alcaldes y gobernadores por omisiones ante la estigmatización de líderes sociales, hecho que el funcionario calificó como "absolutamente inaceptable e imperdonable". En esa misma línea, dijo que el país muy pronto conocerá sanciones en contra de estos administradores.
Para articular fuerzas en el mismo sentido, la Procuraduría suscribió un acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las NAciones Unidas para los Derechos Humanos mediante el cual compartirán información y entrarán juntos a los territorios.
Hablando de lo que ha hecho su organismo, el procurador aseguró que les faltaba mucho trabajo por hacer y que "lo que necesitamos es ayuda dentro de las investigaciones, como dicen los criminólogos los crímenes perfectos no existen, lo que existen son inevestigaciones imperfectas y aquí nos ha faltado mucho en materia de investigación a nivel de los asesinatos de los líderes sociales".
En el mismo sentido la entidad pondrá en funcionamiento una línea de intervención judicial que proteja a todos aquellos integrantes acción comunal que presenten acciones constitucionales para pedir protección. Estos reclamos serán aendidos por los procuradores judiciales que hacen presencia en todo el territorio nacional.
