La Procuraduría General de la Nación citó a la presidente de la Jurisdicción Especial de Paz, Patricia Linares, para que rinda indagatoria en calidad de testigo como parte de la investigación al desfalco de los dineros del Fondo Colombia en Paz destinados a la reinserción.
Junto a Linares, el Ministerio Público solicitó el testimonio de la exgerente del Fondo, Gloria Ospina, para poder determinar si ellas sabían del destino de los fondos y esclarecer la tramitación de los contratos que dieron producto al desfalco.
Por su parte, el ente de control informó que "no existe indagación ni investigación disciplinaria alguna en contra la Dra. Patricia Linares, Presidente de la JEP, en el marco del proceso disciplinario que se adelanta contra el exsecretario de la JEP Néstor Raúl Correa. Proceso que puso en el ojo público la Justicia Especial".
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La directora del Fondo Colombia en Paz, Gloria Ospina, fue retirada del cargo luego de la exigencia de informes de administración del dinero de los países donantes Suiza, Noruega y Suecia, los cuales aportaron más 30 millones de dólares para la reinserción de los excombatientes.
En medio de ese resultado surgió la posible alteración de contratos a través de un cartel identificado por la Fiscalía General de la Nación, entre intermediarios que exigían coimas para alterar la adjudicación de los mismos y tramitarlos ante el Fondo.
Por otra parte, el director del ministerio público, Fernando Carrillo, envió una carta al Alto Comisionado de Paz y al director de la Agencia Rural de Reincorporación, para alertar sobre la falta de caminos para la reincorporación de los exmilitantes de las Farc.
Carrillo llamó la atención sobre la falta de un enfoque técnico de género en los planes de reincoporación, el poco acompañamiento psicosocial a los desmovilizados y la falta de proyectos productivos en marcha, los cuales fueron afectados por el desfalco al Fondo Colombia en Paz.
Una de las preocupaciones expresadas por Carrillo en su carta tiene que ver con la necesidad de mantener los espacios de reincorporación o zonas veredales que se plantearon para el desarme, según el jefe del ministerio Público, porque algunos de estos lugares cuentan con muy pocas personas.
