Investigan posible carrusel de contratos de salud en Antioquia

24 de septiembre del 2018

La Procuraduría General de la Nación señaló que abrió una investigación sobre un presunto cartel de la contratación en el sector de la salud, en el departamento de Antioquia. Así lo dio a conocer el órgano de control, quien señaló que las investigaciones van dirigidas a funcionarios de entidades públicas del sector de la salud en el […]

Investigan posible carrusel de contratos de salud en Antioquia

La Procuraduría General de la Nación señaló que abrió una investigación sobre un presunto cartel de la contratación en el sector de la salud, en el departamento de Antioquia.

Así lo dio a conocer el órgano de control, quien señaló que las investigaciones van dirigidas a funcionarios de entidades públicas del sector de la salud en el departamento, por la presunta existencia de un carrusel de la contratación que involucraría a la red prestadora de este servicio público en Antioquia.

“La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales para obtener la información que permita identificar los autores de las conductas denunciadas, verificar su ocurrencia y, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria o si se actuó al amparo de alguna de las causales de exclusión de responsabilidad, y demás conductas conexas”, señaló la entidad.

Esta decisión de la Procuraduría General de la República se dan a raíz de las reiteradas denuncias realizadas por el concejal de Medellín, Bernardo Guerra Hoyos, quien ha manifestado que muchos gerentes de hospitales públicos, personal directivo de centros asistenciales, funcionarios de órganos de control, servidores y contratistas, han cometido actos de corrupción al interior de estas entidades.

Para adelantar estas investigaciones, el órgano de control designó una comisión especial creada por Fernando Carrillo Flórez, procurador  General de la Nación y de ella hacen parte los delegados para la Contratación Administrativa, la Salud, la Protección y el Trabajo Decente y la Defensa del Patrimonio Público, la Transparencia y la Integridad.

En ese sentido, la entidad deberá identificar a los autores de los presuntos actos de corrupción y determinar si estas son conductas constitutivas de una falta disciplinaria o si los funcionarios involucrados actuaron al amparo de alguna de las causales de exclusión de responsabilidad.

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