Procuraduría investigará a 20 gobernaciones y 35 alcaldías

18 de julio del 2017

La Procuraduría investigará a 20 gobernaciones y 35 alcaldías, por el incumplimiento en la protección de la población desplazada por la violencia

Procuraduría investigará a 20 gobernaciones y 35 alcaldías

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar a 20 gobernaciones y 35 alcaldías, durante los periodos 2012 a 2015, por el posible incumplimiento de su obligación en materia de protección, asistencia, atención, y reparación de la población desplazada por la violencia.

La entidad inició el proceso disciplinario porque, “al parecer, las entidades departamentales y municipales han incumplido de manera evidente e injustificada con sus obligaciones de atención integral a la población desalojada de su territorio, a pesar de contar con los recursos suficientes para protegerla, y de presentar una situación grave de desplazamiento forzado, de acuerdo con la medición del Departamento Nacional de Planeación desde el año 2013”.

Gabriel Cera Cantillo, el Delegado para la Defensa de los DDHH, advirtió que “con esta indagación se busca identificar a los posibles responsables en cada ente territorial, verificar la ocurrencia de la conducta, para determinar si es constitutiva de falta disciplinaria y si han actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.

Entre las gobernaciones investigadas están: Arauca, Guainía, Córdoba, Chocó, Cauca, Casanare, Caquetá, Caldas, Bolívar, Vichada, Sucre, Risaralda, Quindío, Putumayo, Norte de Santander, Nariño, Meta, Magdalena, Huila y Guaviare.

Así mismo, se abrió la investigación a  las alcaldías de los municipios de Fortul, Saravena y Tame (Arauca); Soledad, Barranquilla y Malambo (Atlántico);  Magangué y El Carmen de Bolívar (Bolívar); Patía, Cajibío y Buenos Aires (Cauca); Chimichagua, Valledupar y El Copey (Valledupar).

De igual manera, Tierralta (Córdoba); Pitalito (Huila); Maicaco, Fonseca, San Juan del Cesar (Guajira); El Banco, Santa Marta, y Plato (Magdalena); Ipiales y San Andrés de Tumaco (Nariño); Cúcuta, El Carmen y Teorama (Norte de Santander); Puerto Asís (Putumayo); Pereira (Risaralda); Piedecuesta y Girón (Santander); Sincelejo y Sanonofre (Sucre); Ibagué y Chaparral (Tolima).

Estas acciones hacen parte de la respuesta del Ministerio Público a la orden de la Corte Constitucional de monitorear el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011, con respecto a la reivindicación de los derechos de la población desplazada.

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