Procuraduría pidió mantener fallo que ordena reparar a comunidades

1 de agosto del 2018

La Procuraduría General de la Nación pidió a los magistrados de la Corte Constitucional, negar la solicitud de nulidad interpuesta por la Empresa Cerro Matoso S.A y la Asociación Colombiana de Minería, contra la Sentencia T-733 de 2017 que ordenó renovar la licencia ambiental y reparar a las comunidades indígenas y afrodescendientes del sur de […]

Procuraduría pidió mantener fallo que ordena reparar a comunidades

La Procuraduría General de la Nación pidió a los magistrados de la Corte Constitucional, negar la solicitud de nulidad interpuesta por la Empresa Cerro Matoso S.A y la Asociación Colombiana de Minería, contra la Sentencia T-733 de 2017 que ordenó renovar la licencia ambiental y reparar a las comunidades indígenas y afrodescendientes del sur de Córdoba.

Luego de encontrar acreditada la contaminación por níquel de las poblaciones en la zona de influencia directa del proyecto de Cerro Matoso, la Procuraduría decidió respaldar la decisión del alto tribunal dado que la actividad minera desarrollada por la empresa, vulnera el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades indígenas, al ambiente sano y a la salud.

La Procuraduría advirtió que la afectación por contaminación es generalizada y afecta a comunidades de la región, por lo que, tratar de justificar la problemática de la población por cocinar con leña o la ausencia de agua potable y saneamiento básico, resulta ilógico. Además, agregó que en el caso se encuentra claramente la acreditación de altas afectaciones por contaminación con níquel de las comunidades que se encuentran ubicadas en la zona de influencia directa de operación de la empresa Cerro Matoso S.A.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a través de exámenes de laboratorio realizados a las comunidades y a residentes del área, se pudo determinar que existen resultados alarmantes y gravemente nocivos la salud. “Se dictaminó que los mismos sobrepasan de lejos, los límites máximos permitidos en estándares internacionales, lo que implicaba repercusiones en la salud de las personas”.

En este sentido la Procuraduría General de la Nación aseguró que lo pretendido por los solicitantes de la declaratoria de nulidad, es oponerse a la sentencia T-733 de 2017 para “exonerarse de una responsabilidad constitucional con trascendencia social, cuyos daños han sido generados por su actividad extractivista” y según esto se ignora que la propiedad privada cumple una función social dentro de la cual se encuentra justamente la función ecológica en la cual está inmerso el interés general lo que debe garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales bajo el concepto de desarrollo sostenible y sustentable.

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