Procuraduría solicitó juicio a Gustavo Malo

15 de diciembre del 2017

El ministerio asegura que hay pruebas de que hay una organización criminal en la Sala Penal

Gustavo Malo

Desde hace un tiempo el magistrado Gustavo Malo ha estado involucrado en varios escándalos. El 17 de septiembre de este año 22 magistrados de la Corte solicitaron su renuncia por haber “engavetado” la investigación por corrupción contra el senador Musa Besaile. Ahora, la Procuraduría ha solicitado un juicio penal y político para él.

El Ministerio Público asegura que hay pruebas que lo vinculan con los siguientes delitos:

  • Concierto para delinquir.
  • Cohecho propio.
  • Prevaricato por acción y por omisión y
  • Utilización de asunto sometido a secreto o reserva.

La Procuraduría asegura que está probada la existencia de una organización criminal dedicada a manipular algunas actuaciones adelantadas en la Sala Penal, previo al pago de altas sumas de dinero por parte de los beneficiados.

La entidad a la que la Procuraduría le hizo esta petición fue a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que profiera la resolución contra Malo, por presuntamente haber recibido millonarias sumas para manipular expedientes en la Corte Suprema.

Entre esos expedientes está el de la investigación en contra de Musa Besaile, que habría pagado $2000 millones de pesos para detener el proceso que había en su contra. Malo negó esta entrega de dinero por medio de un comunicado.

Él expresó que, “actuó bajo la legalidad, imparcialidad, la independencia y el decoro y de los demás valores que inspiran la función”.

Sin embargo, “la Agente Especial del Ministerio Público encontró que hay evidentes motivos de indignidad en el ejercicio del cargo y fundamentos probatorios y jurídicos que vinculan a Malo Fernández con los delitos antes mencionados”.

Para la Procuraduría, el magistrado debe ser llamado a juicio por, “conductas con las cuales afectó de manera grave la seguridad pública, la administración pública y la recta impartición de justicia”. Por las labores informativas el ente de control pudo inferir que:

“Tanto la existencia de una organización criminal dedicada a manipular algunas actuaciones adelantadas en la Corte Suprema de Justicia, previo el pago de altísimas sumas de dinero por parte de los beneficiados con sus maniobras, como la participación que en el dichas actividades tuvo el sindicado”.

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