Preocupación por venezolanos en cárceles de Bogotá

20 de octubre del 2018

El llamado de atención lo realizó la Procuraduría General de la Nación, a través de un comunicado en el que informa de un operativo que se realizó en cuatro cárceles y tres Unidades de Reacción Inmediata (URI) en la ciudad de Bogotá. En la operación se encontró una situación compleja para los venezolanos que están privados de su […]

Preocupación por venezolanos en cárceles de Bogotá

www.procuraduria.gov

El llamado de atención lo realizó la Procuraduría General de la Nación, a través de un comunicado en el que informa de un operativo que se realizó en cuatro cárceles y tres Unidades de Reacción Inmediata (URI) en la ciudad de Bogotá. En la operación se encontró una situación compleja para los venezolanos que están privados de su libertad en estos centros carcelarios.

La denuncia que hace este órgano de control, tiene que ver con las condiciones de vulnerabilidad y deficiencia en la atención en salud que reciben en estos momento 67 hombres y 20 mujeres en diferentes centros de detención. Durante el operativo se identificó la falta de acciones diplomáticas por parte del gobierno de Venezuela, para garantizar la protección de los ciudadanos venezolanos privados de la libertad e incomunicados con sus familias.

La Procuraduría le pidió al Gobierno Nacional la adopción de un plan especial de trabajo que “permita atender la situación de los ciudadanos venezolanos privados de la libertad, hacer seguimiento a sus condiciones, entablar acciones diplomáticas para garantizar los DDHH y diseñar una estrategia para prevenir y controlar los efectos de un incremento en la población reclusa de nacionalidad venezolana en los centros carcelarios y URIS del país”.

La información sobre la vulnerable situación que presentan estos reclusos, provino de las entrevistas que hizo el Ministerio Público a través de una comisión integrada por 12 procuradores judiciales y 12 personeros de Bogotá. “Se entrevistó a 87 internos de nacionalidad venezolana recluidos en las cárceles La Modelo, La Picota, Distrital y El Buen Pastor, así como en las URI de Ciudad Bolívar, Usaquén y Engativá”, afirmó la entidad.

Entre las solicitudes que presentó la Procuraduría está que se les garantice estos ciudadanos los mecanismo necesarios para que se puedan comunicar de manera virtual con sus familiares en Venezuela. Asimismo, implementar un plan de mejora a la atención médica que actualmente se le brinda a esta población, pues la mayoría de los internos señaló que no han podido ser valorados por especialistas.

Finalmente, según información de la entidad, los delitos por los que enfrentan acciones legales estas personas son hurto (42%) y tráfico de estupefacientes (27%).

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