El ex superintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo le dijo a KienyKe.com que le parece "bastante triste y desalentador" que vaya a terminar "crucificado y empapelado" por lo que hizo durante varios años desde esa entidad para emprender una lucha frontal en contra de la corrupción, específicamente, frente a las decisiones que se tomaron por el famoso escándalo de Odebrecht en el país.
Escuche las noticias más importantes del día:
Robledo pasó a estar bajo la lupa de la Procuraduría General por cuenta de una denuncia que interpuso el abogado Jaime Lombana, apoderado del Grupo Aval, "por prevaricato y extralimitación de funciones". Dijo que está a la espera de que esa decisión le sea comunicada para poder defenderse, porque considera que "actuó como todo el mundo debió actuar". La polémica alrededor de este tema surgió luego de la publicación de la columna "Los intocables" de María Jimena Duzán en la revista Semana, en la que cuestiona la apertura de la investigación disciplinaria en contra de Pablo Felipe Robledo por la Procuraduría. Duzán dijo que el ex superintendente pasó de ser un funcionario encargado de detectar irregularidades a ser hoy denunciado por sus investigados y manifestó que resultaría descabellado que los exfuncionarios que ordenaron terminar un contrato obtenido gracias a un soborno "vayan a quedar crucificados por cuenta de las gestiones que hacen los abogados de sus investigados".¿Cómo empezó todo?
Pablo Felipe Robledo explicó que todo comenzó desde el momento que Odebrecht confesó ante la justicia de los Estados Unidos haber sobornado a varios funcionarios públicos en América Latina para quedarse con millonarios proyectos de infraestructura. Dijo que desde ese momento, la Superintendencia comenzó una investigación preliminar para determinar si en Colombia, en la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol II, "existía alguna práctica anticompetitiva". Mencionó que se dio paso a esta indagación después de la denuncia que hicieron los "tres Luises" (Luiz Antonio Bueno Junior, Luiz Antonio Mameri y Luiz Eduardo Da Rocha, exejecutivos de Odebrecht) ante la Fiscalía, en la que dijeron que el contrato de la Ruta del Sol lo habían logrado gracias a un soborno de 6,5 millones de dólares que le fue entregado al exviceministro de Transporte, Gabriel Ignacio García Morales, entonces director del INCO (hoy la ANI), entidad contratante, con el fin de que se les facilitara quedarse con la licitación. "La Procuraduría presentó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y pidió la suspensión de ese contrato por habérselo ganado a través de una coima. Por esa razón, el Tribunal ordenó la suspensión", indicó. El exsuperintendente señaló que la entidad que dirigía tomó "una decisión bastante consecuente y en la misma línea del Ministerio Público" porque, mientras ese organismo pidió la suspensión, la Superintendencia de Industria y Comercio, como medida cautelar, "ordenó la terminación del contrato de Ruta del Sol II bajo la tesis de que la coima que se había entregado era una conducta anticompetitiva"."No hay nada más anticompetitivo que en un partido de fútbol sobornar al árbitro. Eso fue lo que ellos hicieron para quedarse con este contrato. Esa fue la primera gran decisión que tomó la Superintendencia, con el concepto previo y favorable del Consejo Asesor de Competencia", manifestó.En septiembre del 2018, luego de la indagación preliminar, la entidad decidió formular pliego de cargos en contra de las empresas y personas vinculadas con la Ruta del Sol Tramo II, es decir: Odebrecht, Episol (filial de Corficolombiana, empresa controlada por Grupo Aval), José Elías Melo Acosta, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, Diego Solano, entre otros altos directivos. Lea también: 11 años de cárcel para José Elías Melo por Odebrecht Según Robledo, este pliego de cargos se formuló por tres conductas: por el pago del soborno a un alto funcionario del Estado vinculado con el INCO, por el aprovechamiento de un conflicto de intereses y por "la realización de contratos privados y directos entre personas vinculadas al proyecto y funcionarios de la entidad contratante y el estructurador, en violación de la regla que prohibía tales contactos con posterioridad a la apertura del proceso licitatorio".
De investigador a investigado
Pablo Felipe Robledo explicó que luego de que el abogado Jaime Lombana interpusiera la denuncia en la Procuraduría, el delegado primero para la vigilancia administrativa profirió un auto inhibitorio "porque no encontró mérito alguno para abrir ese proceso de investigación". "El procurador delegado encontró todo normal y concordante con la forma propia de hacer las investigaciones y con las decisiones que se habían adoptado", señaló. "Lombana vuelve al Ministerio Público y presenta una solicitud. Al día siguiente el procurador Fernando Carrillo ordena revocar el auto inhibitorio y le solicita a una subalterna que abra una investigación en contra de tres funcionarios de la Superintendencia, entre ellos yo", explicó. Para Robledo esta decisión es "extraña" debido a que es investigado en virtud de sus decisiones en la entidad que dirigía. "La determinación que se tomó allí es totalmente consecuente con otras decisiones judiciales. Como la decisión que tomó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y con la del juez penal que condenó a José Elías Melo Acosta, expresidente de Corficolombiana, por su participación en el soborno a García Morales. Así como la decisión de compulsar copias para que se investigue a Sarmiento Gutiérrez".Dijo que con esto queda claro que es "muy difícil hacer investigación en este país" porque el trabajo de investigación que se hizo "se realizó con carácter y con la actitud de no flaquear ante las presiones de la gente que tradicionalmente ha sido intocable"."Uno termina siendo investigador a investigado por cuenta de unas denuncias temerarias que lo que quieren transmitir en el fondo es que acá en Colombia hay gente que no se puede investigar y que uno no puede tomar decisiones frente a algunas personas que tienen el poder", finalizó.
