Rafael Pardo asumirá como alcalde encargado de Bogotá

Rafael Pardo asumirá como alcalde encargado de Bogotá

19 de marzo del 2014

Este miércoles el presidente Juan Manuel Santos anunció que el gobierno no acoge la solicitud de medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. (Vea aquí el video del anuncio del Presidente Santos)

En alocución presidencial el jefe de Estado indicó que Rafael Pardo, (ministro de trabajo) asumirá como alcalde encargado de la capital de la República.

El ministro de Trabajo explicó que su encargo no interferirá en las políticas vigentes de la administración Petro. “Debe quedar claro que un alcalde que tiene un encargo coyuntural no llega a traer programas de gobierno ni a cambiar programas de gobierno”, sostuvo.

Pardo añadió que  se mantendrá en encargo hasta que el presidente decida el alcalde interino a partir de una terna enviada por el movimiento por el que fue elegido Petro. “Trabajaré de la mano con el Presidente de la República, con mis colegas de gabinete, con el equipo de la Alcaldía de Bogotá, en espera de que esta circunstancia que Bogotá no buscó pueda ser superada con el concurso de todos los bogotanos”.

La novela política y jurídica del caso Petro finalmente tuvo un desenlace negativo para el mandatario distrital. En las instancias jurídicas en Colombia, el exintegrante del M-19 fue derrotado en todas las instancias.

Más temprano, Petro – en claro mensaje a Santos – había advertido que en caso de “no acatar la sugerencia de la CIDH es una irresponsabilidad”.

En la mañana el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez había pedido oficialmente al presidente Juan Manuel Santos firmar la destitución e inhabilidad por 15 años del alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro.

La notificación de Ordóñez al jefe de Estado se da menos de 12 horas después de que la la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara medidas cautelares a favor de Petro para  proteger sus derechos políticos.

En su decisión el organismo internacional reiteró que la inhabilidad para ejercer cargos públicos solo puede surgir por una condena de juez penal, y la Procurduría es una autoridad administrativa.