El Consejo de Estado consideró que la prima que recibían tanto representantes a la Cámara como senadores para auxilio de salud, carece de justificación. Todos los congresistas recibían el 10% del salario base para atender necesidades médicas.
Esta remuneración no se pudo sustentar al ser incluida en el decreto que consolidó el régimen salarial de los políticos.
En consecuencia, la Sección segunda del alto tribunal declaró la nulidad del artículo 4 del decreto 801 de 1992, que definió el derecho al reconocimiento y pago mensual de una Prima de Salud, equivalente al diez por ciento (10%) de la asignación de cada congresista.
La prima superaba el millón 500 mil pesos.
