La Fiscalía General de la Nación reveló una serie de irregularidades en el manejo de los recursos para inversión destinados por parte del Gobierno Nacional a varias regiones del país.
Según manifestó el ente acusador, luego de un año de investigaciones, se pudo establecer que por medio de los llamados 'cupos indicativos', en los que se asignaron recursos a las regiones, congresistas exigían coimas por gestionar estos dineros.
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El primer caso de “mermelada tóxica” que comprobó la entidad, tiene origen en un convenio que se suscribió entre el alcalde de El Peñón, en el sur del departamento de Bolívar y Coldeportes, para la construcción de una cancha sintética en un barrio de ese municipio, por un valor de 3.491 millones de pesos.
Según las pruebas recaudadas por los investigadores, el convenio fue priorizado en Coldeportes, por tratarse de “un cupo de un senador”. Las evidencias acopiadas indicarían que se trata del senador Antonio José Correa, actual segundo vicepresidente del Senado de la República.
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Según la investigación, Arlin Arias, alcalde del municipio, el senador Antonio José Correa y varias personas más, habrían recibido coimas producto de la firma de este contrato.
Igualmente en la investigación está el testimonio de un alcalde de uno de los municipios investigados que manifestó que sólo la mitad se queda en la región: “Hay que pagarle un 12% al congresista y un 30% adicional lo cobran los grupos armados irregulares de la región”.
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Por los hechos fueron capturados Arlin Arias, alcalde de El Peñón, Bolívar; Mariella Margarita Trujillo, asesora del senador Correa; tres funcionarios de Coldeportes: Gustavo Velandia; Jairo Ortega y Edwin Moreno, y Carlos Hernán Rivera, exfuncionario de la entidad.
Además, la Fiscalía hizo dos compulsas de copias, una a la Corte Suprema de Justicia contra el senador, segundo vicepresidente del senado, Antonio José Correa, y la segunda, a la Procuraduría para que se investigue disciplinariamente los hechos.
Estas personas tendrán que responder por los delitos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y concierto para delinquir.
Por último, la entidad manifestó que las investigaciones continuarán.
