Procuraduría investigará senadores envueltos en corrupción

Procuraduría investigará senadores envueltos en corrupción

7 de noviembre del 2017

La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra los senadores Hernán Andrade, Musa Besaile y Álvaro Ashton, entre otros congresistas, por su supuesta participación en el escándalo del cartel de la toga.

El procurador Fernando Carrillo anunció que el senador Hernán Andrade es investigado por su presunta participación en manipular procesos que adelantaba la Corte Suprema de Justicia contra el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien es investigado por corrupción. Sin embargo, el senador ha negado tener algún vínculo con Moreno o con los exmagistrados Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos, Gustavo Malo y Camilo Tarquino.

En cuanto al senador Musa Besaile, el ente de control enfocó su investigación por el presunto acuerdo con Moreno, para que a cambió de una millonaria suma se evitara que la sala Penal de la Corte Suprema de Justicia expidiera una orden de captura en su contra (de Musa).

Respecto al senador Álvaro Ashton, la Procuraduría apunta su indagación por el supuesto pago de una millonaria suma que buscaba conseguir beneficios frente a actuaciones que se adelantaban en su contra por parapolítica en el Alto Tribunal. Al parecer, Ashton habría pagado $600 millones a cambio de resultar favorecido en su proceso.

Los otros senadores investigados son Antonio Guerra de la Espriella, Plinio Olano y Ciro Antonio Rodríguez Pinzón por haber recibido dineros para favorecer la adjudicación de los proyectos de Odebrecht, la construcción de la Ruta del Sol y Ocaña-Gamarra. También por la supuesta suscripción de un contrato de estabilidad jurídica y un supuesto lobby ante la Superintendencia Financiera en favor de la firma extranjera.

De la misma manera, la Procuraduría investiga a la senadora Yamina Pestana por al parecer financiar su campaña política al Congreso 2014-2018 con dineros de la EPS Indígenas Manexka, donde se habría presentado un saqueo que supera los $7.000 millones de pesos con recobros injustificados.

Para las indagaciones, el ente de control ordenó la recolección de pruebas, testimonios y visitas a los expedientes que adelantan la Comisión de Investigación y Acusación, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía.

El procurador Fernando Carrillo aseguró que los congresistas podrán solicitar ser escuchados en versión libre y espontánea