El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, dijo que el referendo que avalaría lo negociado con las Farc en La Habana, tal y como está planteado por el Gobierno Nacional, es grave porque será un "referendo armado" en el que los ciudadanos irían a las urnas con la pistola en la cien, lo que afecta la legitimidad de cualquier decisión.
Según el jefe del ministerio público durante el referendo el elector estaría siendo constreñido para expresar su voluntad en un determinado sentido, implicaría un grave atentado a la democracia, "un referendo armado es una felonía constitucional."
Sobre la posibilidad de que los delegados de las Farc participen en la redacción de las preguntas del referendo, Alejandro Ordóñez aseguró que pasarían de terroristas a constituyentes, "y eso es inadmisible", porque estarían participando en la elaboración de normas constitucionales y a su turno el Congreso de la República ejercería funciones más notariales. Según el Procurador General esta alternativa enviaría "un mensaje dramático de que la violencia sí paga".
Agregó que si el referendo coincide con las elecciones del 2014 se atentaría contra la libertad y la autonomía del elector. Indicó que tal y como está redactado desconoce los derechos de los abstencionistas ya que cuando se obliga al jurado de votación a entregar el tarjetón, lo coloca como promotor del referendo.
El Procurador General manifestó que "pretender manipularlo para hacerlo coincidir con el procesos electoral es desnaturalizar el referendo y afectar sustancialmente la libertad del elector."