Suspendida exsecretaria de la Mujer en Córdoba

30 de mayo del 2019

Sandra Gómez Urbina fue sancionada con una suspensión de diez meses.

Suspendida exsecretaria de la Mujer en Córdoba

Sandra Gómez Urbina, exsecretaria de la Mujer, Género y Desarrollo Social de Córdoba, fue sancionada con una suspensión por 10 meses. La determinación la tomó la Procuraduría General de la Nación, debido a las irregularidades en la gestión y ejecución de algunos convenios interadministrativos para la atención de los adultos mayores en los municipios San José de Uré y Planeta Rica.

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Según el ente de control, la mujer participó en actividad contractual con desconocimiento del principio de responsabilidad. Gómez Urbina, que debía ejercer la labor de supervisión de los contratos interadministrativos No. 327 y 326 de 2016 celebrados entre la Gobernación y los municipios de Planeta Rica y San José de Uré, no habría vigilado y controlado de manera adecuada la gestión los compromisos.

Este señalamiento lo dio el órgano de control teniendo en cuenta que algunas de las ayudas o beneficios recibidos por los adultos mayores en los dos municipios, que hacían parte de dichos contratos, se entregaron de manera inadecuada.

La Procuraduría manifestó que a Gómez Urbina le “asistía el deber de velar por la correcta y satisfactoria ejecución del objeto y actividades contractuales, asumiendo con responsabilidad el cumplimiento de las obligaciones estipuladas”.

Además, el ente encargado recordó que la disciplinada debía ejercer las labores de vigilancia y control “que su designación le imponía, a efectos de verificar que los recursos transferidos por el departamento para beneficio de las personas adultos mayores de los municipios de Planeta Rica y San José de Uré, entre otros, cumplieran con su objetivo de mejorar las condiciones y calidad de vida de dicho sector de la población”.

Las irregularidades

En la ejecución de estos convenios, que tenían como fin transferir recursos para el fortalecimiento de los ‘Centros Vida’, la Procuraduría encontró anomalías en las planillas que justificaban la prestación del servicio.

La exfuncionaria no habría verificado que los adultos beneficiarios reunieran los requisitos que se solicitan para ser favorecidos, entre esos, pertenecer a los niveles I y II del Sisbén.

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