Cuotas anuales para jueces de inmigración en EE. UU.

3 de abril del 2018

Esta medida no tiene precedentes en la justicia estadounidense.

Donald Trump

En un acto sin precedentes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pide por primera vez en la historia que los jueces cumplan con una cuota anual de cantidad de casos resueltos.

Jeff Sessions, fiscal general del Departamento de Justicia de Estados Unidos, informó a los jueces de inmigración que a partir de octubre de este año se pedirá cumplir con una cuota de número de casos migratorios por cada juez. La cuota será anual y el objetivo es acelerar el número de deportaciones y reducir los atrasos de casos que se han ido acumulando. El 1 de octubre es cuando empieza el año fiscal en Estados Unidos.

La resolución de este mínimo de casos al año será la base para conseguir evaluaciones satisfactorias sobre su trabajo. Por su parte, la reacción de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración fue de defensa: lo consideran una “violación de la independencia judicial”.

La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración dijo que el nuevo sistema les fue informado vía correo electrónico el 30 de marzo pasado.

La jueza de inmigración de Los Ángeles, Ashley Tabaddor, además presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración dijo a medios estadounidenses que esta medida de la administración Trump es ” una absoluta violación de la independencia de los jueces“.

Tabaddor advierte que esta presión añadida a los jueces podría incrementar aun más los casos acumulados en las cortes. “En vez de reducir los casos, los aumentará porque cada persona pondrá en duda la legitimitad de la decisión judicial y apelará”, dijo, ya que a los casos ya pendientes se sumarán las apelaciones de los resueltos.

Y agrega que no resuelve el mismo número de casos un juez en un centro de detención de inmigrantes que otro con casos más complejos. “Esto crea un conflicto y un factor externo en la resolución del caso”, denunció.

“Los jueces de inmigración están en lo correcto cuando dicen que esta es la primera vez que se implementan métricas numéricas en el sistema judicial de inmigración”, declaró un oficial del Departamento de Justicia y explicó que actualmente los jueces resuelven en promedio unos 678 casos al año.

Este nuevo requisito -de resolver 700 casos al año- se debe a un acuerdo que hubo con el sindicato de jueces de inmigración para “eliminar la prohibición a las métricas de rendimiento individual” en negociaciones con el gobierno.

La demora en la resolución de estos casos pendientes que se acumulan provocan que lo inmigrantes saquen permisos de trabajo temporales, lo que les da tiempo para recoger algo de dinero, y según las autoridades esto incentiva la inmigración ilegal.

“El propósito de implementar estas métricas es impulsar un manejo de los casos eficiente y efectivo mientras se preserva la discreción de los jueces de inmigración y el debido proceso”, se pronunció James McHenry, el director de la Executive Office for Immigration Review, la oficina gubernamental que administra los casos de inmigración pendientes.

En este sentido, Laura Lynch, consejera de AILA, dijo a Univision Noticias estar “increíblemente preocupada con la dirección que está tomando esta política”. Acusó también al Departamento de Justicia de “una falta de respeto al debido proceso y a los principios de equidad”.

Lindsay Toczylowskiat, del Immigrant Defenders Law Center, que ayuda legalmente a indocumentados, detalló que con esta medida arbitraria el sistema está atentando contra el debido proceso y a la vez reduciendo las garantías de los inmigrantes de resolver sus casos sin una deportación.

La abogada detalló que si los jueces están “preocupados por sus métricas en vez de los méritos del caso” no lucharán para obtener más datos del inmigrante, o lograr testimonios en el país de origen, y consecuentemente le quitará tiempo a los inmigrantes detenidos para lograr conseguir un abogado.

El presidente Donald Trump ha insistido en el último año en apurar la deportación de inmigrantes como parte de su política restrictiva y la decisión del Departamento de Justicia es la medida más trascendental y sin precedentes tomada al respecto.

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