Veeduría internacional para el caso Palacio de Justicia

8 de septiembre del 2019

Familiares de las víctimas le piden a la CIDH una vigilancia especial

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Agencia Anadolu

Familiares de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia le pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que disponga de un mecanismo de veeduría internacional para la investigación sobre los hechos ocurridos el 5 y 6 de noviembre de 1985, uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Colombia y que aún está pendiente de sancionar.

“Le pedimos a la Corte que nos colabore con la imposición de una veeduría internacional para que se verifique que en efecto sí se están llevando los procesos de búsqueda y de identificación de responsables como debe ser”, dijo Alejandra Rodríguez Cabrera, hija de Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador de la cafetería del Palacio.

Las declaraciones de la joven tuvieron lugar luego de una audiencia en la que la CIDH, máximo órgano de justicia del continente, estudiara los avances en el proceso y escuchara tanto a las víctimas y a su defensa, como a los representantes del Estado colombiano.

Según la familiar de la víctima, la Fiscalía General de la Nación “ha sido totalmente negligente en acatar la orden de la CIDH de investigación y búsqueda de responsables”.

En 2014, el máximo órgano judicial del sistema interamericano de derechos humanos declaró responsable al Estado colombiano por este hecho, lo condenó y le ordenó ejecutar una serie de medidas para reparar a las víctimas.

Rodríguez también se refirió a la polémica suscitada hace unos días atrás por el ente acusador, a señalar que durante la toma y retoma del Palacio “no hubo personas desaparecidas, sino malas identificaciones y la entrega equivocada de cuerpos a los familiares de las víctimas“.

“Hemos manifestado la incomodidad que hemos sentido frente a estas declaraciones. Es una cuestión lo que están hablando a los medios y otra muy distinta frente a los jueces, pues ante ellos afirman que están avanzando en procesos de investigación para determinar quienes son los responsables, pero lastimosamente en la vida real lo que nosotros vemos es que no existe este avance”, indicó.

Ante esto, informó que la semana pasada se radicó una recusación en contra del equipo de investigación que adelanta el caso, cuyos miembros “han dejado de ser imparciales”, con el fin de que sean reemplazados.

Xiomara Urán, una de las cuatro hijas del magistrado Carlos Horacio Urán, otra víctima del holocausto, valoró la presencia del órgano de justicia en Colombia, porque según señaló, “desafortunadamente en este país no ha existido nunca una intención clara de llegar a los responsables”.

“Si no es por la CIDH nosotros nunca hubiéramos recibido un perdón de parte del Estado”, expresó.

La mujer recordó que en el caso de su padre, hace más de nueve años se llamaron a indagatoria a tres oficiales, pero lamentó que “hasta el sol de hoy no se han pronunciado y no se ha hecho nada al respecto”

Urán prefirió no mencionar los nombres de los oficiales al asegurar que hay amenazas serias y continuas, que ya no son directas, pero que igualmente son maneras de intimidar muy claras y evidentes“. Por ejemplo, señaló que durante la audiencia de este viernes,” sin ningún tipo de explicación”, hubo tres oficiales uniformados.

“¿Por qué, siendo que todos los que estamos ahí es porque somos víctimas, jueces o representantes. Esto es realmente una manera de intentar victimizarnos, porque saben que odiamos ver ese uniforme verde y lo que representa para nosotros”, subrayó.

Igualmente calificó como “absurda e inmoral” la reciente hipótesis de la Fiscalía respecto a las desapariciones forzadas, que según ella, se quedó “sin ningún argumento frente a la Corte para decir lo que dijeron”.

Otra de las peticiones que hacen los familiares de las víctimas es un cronograma que determine qué se va a hacer, que especifique líneas de búsqueda claras, que reconozca que la Fiscalía “la embarró terriblemente” y que “empiece a buscar qué pasó realmente”.

Jomary Ortegón, vicepresidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), organización que representa a las víctimas, detalló que se realizaron al menos cuatro peticiones a los magistrados de la CorteIDH.

El primero tiene que ver con retomar todas las líneas de investigación, pues según explicó Ortegón, “existen al menos unas diez que están inexploradas, y en los últimos cinco años no se ha tomado ninguna determinación de fondo”.

El segundo, que fue una exigencia directa de los familiares, es la remoción de los fiscales que conocen el caso. “Si quienes tienen que adelantar las investigaciones por desaparición forzada consideran que no hay desaparición, ya las víctimas entran perdiendo”, especificó la abogada.

El tercer pedido es que la estrategia investigativa sea integral y que no solamente tenga en cuenta los restos que están en poder de la Fiscalía, sino que se contemplen otros posibles sitios de inhumación, testimonios y el modus operandi como se cometieron los hechos.

Finalmente, se pidió a la Corte que se pronuncie sobre la cuestión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pues la semana pasada el fiscal Jorge Sarmiento dijo que la entidad no podía continuar investigando, dado que existe el mecanismo de justicia transicional.

“Nosotros consideramos que dado que la JEP no adelanta un caso por el caso Palacio de Justicia, hacer ese tipo de afirmaciones significaría llevar la investigación a un limbo jurídico porque ni la JEP ni la Fiscalía investigarían”, señaló.

De acuerdo a Ortegón, los magistrados pidieron a ambas partes trasladar sus alegatos por escrito para analizar la cuestión. Se espera que en unos tres meses haya un pronunciamiento al respecto.

Sobre este punto, Alejandra Rodríguez aseguró que la CorteIDH ya determinó que por ser un crimen de lesa humanidad, este caso no puede pasar a la justicia transicional.

Al hacer un balance del cumplimiento de la sentencia, Juan Francisco Lanao Anzola, hijo de Gloria Anzola de Lanao, quien aún sigue en la lista de desaparecidos, afirmó que la situación es “negativa porque se ha hecho poco” y que lo que sí se ha hecho ha sido “muy a los tramacazos y fuera de los plazos”.

“Cuándo se van a terminar de hacer todas estas identificaciones y exhumaciones que le permitan a uno cerrar la herida y decir voy a encontrar a mi mamá. Quedamos con la esperanza de que la Corte aplique alguna medida que pueda forzar al Estado colombiano”, aseveró Lanao.

A juicio de los familiares de las víctimas y sus abogados, los jueces ya ratificaron que no se está buscando determinar si hay desaparecidos o no, pues la sentencia ya quedó en firme y ya determinó que hubo desaparecidos por parte de las Fuerzas Armadas. Ahora la gran prioridad es que se determine quiénes fueron los responsables y que se juzguen.

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