Flujo de inmigrantes ponen a prueba modelo sueco

19 de julio del 2019

Al menos 160 mil refugiados han buscado asilo en el Reino de Suecia.

Flujo de inmigrantes ponen a prueba modelo sueco

Al principio, los líderes locales vieron a los refugiados como una oportunidad. Las minas de mineral de hierro habían cerrado, al igual que una fábrica que hacía maquinaria para la industria maderera. El pueblo había sido abandonado y su población había disminuido a la mitad. Una oportunidad de resurgimiento parecía estar cerca.

Era el verano del 2015, y estaba llegando gente de algunos de los lugares más problemáticos del planeta: Siria, Somalia, Irak. Ocuparían las casas vacías, aprenderían sueco y tomarían empleos cuidando a suecos de mayor edad. Pagarían impuestos, que ayudan a financiar los amplios programas de bienestar social que han convertido a Suecia en una rareza en el mundo, un país aparentemente en paz en una era de tempestuoso capitalismo global.

Pero cuatro años después de su llegada, crecientes cantidades de suecos nativos han llegado a ver a los refugiados como un resumidero de las finanzas públicas. La antipatía por los inmigrantes ahora amenaza con erosionar el apoyo a la beneficencia pública de Suecia.

“La gente no quiere pagar impuestos para mantener a gente que no trabaja”, dijo Urban Pettersson, de 62 años, miembro del Ayuntamiento de Filipstad, un poblado al oeste de Estocolmo. “El 90 por ciento de los refugiados no contribuye a la sociedad. Estas personas van a depender de por vida de la beneficencia pública. Éste es un enorme problema”.

Desde hace mucho tiempo, Suecia ha sobresalido como un país más amable, un posible modelo para otras naciones ansiosas por evitar el destructivo populismo.

El así llamado modelo nórdico que prevalece en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega e Islandia ha sido ideado para proteger a las personas de las desgracias económicas comunes que afligen a muchos países desarrollados.

Bajo el modelo nórdico, los gobiernos proveen atención médica, educación y pensiones a todo mundo. El Estado proporciona vivienda subsidiada y guarderías infantiles. Cuando las personas pierden su empleo, obtienen beneficios de desempleo y acceso a programas de capacitación laboral.

El modelo nórdico a menudo es resaltado como un enfoque prometedor.

Pero la resistencia del modelo nórdico ha dependido durante mucho tiempo de dos elementos cruciales: la disposición del público a pagar algunos de los impuestos más altos del mundo, y el entendimiento de que se supone que todos deben trabajar.

El flujo de inmigrantes de Suecia, el más grande de cualquier nación europea, pone a prueba esta idea. En el punto más alto del 2015, 160 mil refugiados buscaron asilo en Suecia, un país de 10 millones de habitantes.

Durante las últimas dos décadas, la porción de personas nacidas en el extranjero ha aumentado del 11 por ciento al 19 por ciento de la población sueca. Muchas de ellas tienen poca preparación académica y no hablan sueco, lo que dificulta emplearlas.

Varios sondeos de opinión pública arrojan que los suecos siguen dispuestos a aceptar su carga fiscal.

Pero a medida que los ciudadanos captan la realidad de que muchos refugiados dependerán de la beneficencia pública durante años, algunos se oponen al costo al tiempo que exigen límites a la ayuda gubernamental para personas desempleadas.

El principal vehículo de descontento son los Demócratas de Suecia, un partido político de derecha con raíces en el movimiento neo-nazi. El partido ha cobrado fuerza en medio de la ira por una economía que se ha estancado en años recientes y la frustración por recortes a servicios sociales que se han extendido durante 25 años.

El partido también ha sido impulsado por el rechazo al multiculturalismo en lugares como Filipstad, donde mujeres musulmanas con velo pasean a niños en carriolas por las aceras.

“Estos inmigrantes no hablan el mismo idioma”, dijo Pettersson, miembro de los Demócratas de Suecia.

“Tienen religiones diferentes y estilos de vida diferentes. Si hay demasiadas diferencias, es más difícil llevarse bien. Es interesante conocer a alguien de otro país durante quizá media hora, pero vivir juntos es difícil”.

Cuando el Gobierno nacional comenzó a traer refugiados a Filipstad en el 2012, los funcionarios locales recibieron garantías de que no tendrían que arreglárselas por sí solos.

El Estado estaba ansioso por colocar a los refugiados en pueblos en lugar de ciudades como Estocolmo, donde la vivienda era escasa y cara. Las autoridades nacionales acordaron cubrir la renta, la alimentación, la ropa y la atención médica especializada durante los primeros dos años. Después de eso, los municipios heredarían la responsabilidad, aunque se asumía que los costos serían mínimos: para entonces, se suponía que la mayoría de los refugiados podría mantenerse por sí solo.

Eso fue una fantasía, dijo Hannes Fellsman, que administra programas laborales y educativos en una unidad que el Gobierno local estableció en el 2015 para preparar a los refugiados para profesiones.

Ahora casi una quinta parte de los casi 11 mil habitantes de Filipstad son nacidos en el extranjero. Entre las 750 personas en edad laboral, 500 tienen estudios por debajo de la preparatoria. Doscientos son analfabetas.

“El Estado sigue diciendo que necesitamos preparar a las personas para que consigan empleo rápido”, dijo Fellsman. “Eso es imposible. Hay que educarlos”.

Preparar a refugiados para que trabajen en Suecia es difícil porque la economía se centra en actividades altamente calificadas y altamente remuneradas. Esto ha sido diseñado para minimizar los empleos de bajos sueldos del sector de servicios.

La tasa de desempleo fue de sólo el 3.8 por ciento entre la población de origen sueco el año pasado, pero del 15 por ciento entre los nacidos en el extranjero. Casi la mitad de todas las personas desempleadas en Suecia eran de origen extranjero.

Entre los simpatizantes de los Demócratas de Suecia, este tipo de cifras es citado como evidencia de que los refugiados han venido aquí en masa para disfrutar vidas de perezosos auspiciadas por el Estado.

Descripciones así dejan pasmado a Babak Jamali. Hace seis años dejó su casa en Afganistán, fue a la ciudad sueca de Malmo y solicitó asilo. Durante el último año, ha vivido en los campos en las afueras del poblado sureño de Horby, en una casa sin agua corriente.

Jamali, de 19 años, no puede trabajar mientras su caso de asilo esté pendiente, así que va a Horby seis días a la semana para estudiar sueco. Los suecos le gritan desde los autos que se regrese a su patria.

“¿Cuál patria?”, comentó. “No tengo patria”.

Su primera solicitud de asilo le fue negada. Ha presentado una apelación. Si pierde, enfrenta la deportación, una posibilidad que le asusta. Habla sueco casi con fluidez y desea ser electricista. “Quiero vivir como vive la demás gente”, dijo.

Los economistas dicen que el modelo nórdico está comprobado, justificando las inversiones de los contribuyentes hacia el asentamiento de refugiados. Sus hijos crecerán hablando sueco. Se graduarán de escuelas suecas a empleos.

El refugiado promedio en Suecia recibe unos 7 mil 800 dólares más en servicios del Gobierno que lo que ellos le pagan al sistema, concluyó el economista Joakim Ruist en un informe emitido el año pasado.

En general, el costo de los programas sociales para refugiados utiliza alrededor del 1 por ciento de la producción económica anual de Suecia. “Suecia puede asumir este costo”, dijo Ruist. “Esta crisis de refugiados aparentemente sin solución es completamente solucionable”.

La unidad de capacitación laboral intenta ayudar.

Saadia Osman, madre de tres hijos que huyó a Suecia de la guerra de Somalia, se hallaba en un salón de clases recientemente aprendiendo sueco específico para las cocinas de restaurantes. Su esposo consiguió un empleo hace tres años en una fábrica, ganando unos 2 mil 100 dólares al mes. Ahora pagan su propia renta. “Todos estamos ansiosos por trabajar”, dijo.

Suecia ya está ayudando demasiado, en opinión de Johnny Grahn.

Este chofer de autobús de profesión ocupa un escaño en el Ayuntamiento de Filipstad, representando a los Demócratas de Suecia. Según lo describe, los refugiados han abrumado a la comunidad.

Los complejos habitacionales locales están repletos de extranjeros, dijo, y los planteles de preescolar han sido “inundados” con niños refugiados. La gente espera semanas para consultar con dentistas. Al mismo tiempo, los pagos de bienestar del Gobierno se han disparado en la última década, de 632 mil dólares a más de 3 millones de dólares.

Después de una crisis económica a principios de los 90, Suecia bajó los impuestos y redujo el gasto, al recortar los beneficios de desempleo y las pensiones. Las quejas sobre retrasos en el sistema de salud se han multiplicado.

Pero en Filipstad, como en otras comunidades, los refugiados cargan con la culpa de casi todos los problemas sociales. Lo que impulsa esta narrativa es la suposición de que el dinero gastado al tratar de integrar a los refugiados es dinero desperdiciado.

“La disposición de la gente a seguir pagando los impuestos muy altos necesarios para financiar los programas de bienestar social no es algo que se pueda dar por hecho”, dijo Marten Blix, un economista de Estocolmo.

Para los extranjeros, el modelo nórdico podría parecer regido por la benevolencia, un deseo de garantizar que nadie se quede sin las necesidades fundamentales como atención médica y vivienda.

Sin embargo, la experiencia de Suecia con los refugiados sugiere una concepción más transaccional del estado benefactor, una especie de club por membresía en el que la gente paga cuotas por servicios esperados. Si demasiadas personas obtienen los beneficios gratis, se pone en peligro la fe en el sistema.

“Antes, recibíamos algo a cambio”, dijo Grahn. “Ahora, no recuperamos lo que pagamos”.

Ver comentarios
KONTINÚA LEYENDO