Erdogan no es el paladín de la justicia que prometió

3 de julio del 2019

Lo responsabilizan de la crisis del sistema en Turquía.

Erdogan no es el paladín de la justicia que prometió

El Presidente Recep Tayyip Erdogan se ha autorretratado como un paladín de la libertad y la justicia, y su esfuerzo inicial por introducir reformas judiciales fue ampliamente aclamado. Pero después de casi 20 años de su régimen, el sistema judicial turco está en una crisis tan grave que la vida de millones de personas están envueltas en procedimientos legales, y la confianza pública ha caído a un mínimo nuevo.

En todo el sector público, los oponentes de Erdogan dicen que su estilo de gestión autoritario y su amiguísimo dentro del partido gobernante están socavando la confianza. Los jueces están paralizados por un clima de temor, afirman los profesionistas legales.

El 23 de junio, Estambul votó en una repetición de la elección del Alcalde.

En una importante derrota para el Partido de la Justicia y el Desarrollo gobernante, o AKP, Ekrem Imamoglu, el candidato de Oposición, ganó contra Binali Yildirim en una victoria aplastante.

Fue una pérdida hiriente para Erdogan en su ciudad natal, y ocurrió luego de que éste impulsó la repetición tras el triunfo de Imamoglu en la primera votación, en marzo. El AKP tenía 25 años de dominar la Ciudad. La segunda vuelta fue ordenada por el Alto Consejo Electoral, en una decisión legal sumamente criticada.

“Al perder el sistema judicial su independencia por completo, se convirtió en una fuerza, un arma, del Gobierno político”, señaló Omer Faruk Eminagaoglu, ex juez y fiscal del tribunal de apelaciones. “Esto no es un problema en Turquía que simplemente estalló en un solo día, pero es un problema que alcanzó su punto máximo bajo este Gobierno”.

Unos 4 mil jueces han sido depurados tras un golpe de Estado fallido en el 2016, y han sido reemplazados de prisa.

El nivel promedio de experiencia de la fuerza entera de 14 mil jueces del país es de sólo dos años y medio en el ejercicio de la ley, dijo Metin Feyzioglu, presidente del Colegio de Abogados turco. En el mejor de los casos, muchos se muestran tímidos respecto a confrontar el poder, y en el peor actúan como una herramienta de acatamiento para el Gobierno.

En mayo, Erdogan anunció una serie de cambios que, afirmó, elevaría la confianza pública y mejoraría el clima de inversión de Turquía.
Pero no impresionó a muchos profesionistas legales. “Tenemos todos los derechos en la Constitución”, dijo Veysel Ok, un director de la Asociación de Estudios Mediáticos y Legales, en Estambul. “Si siguen las leyes locales y las convenciones europeas, no necesitan reformas”.

Erdogan fue elogiado en sus primeros años en el poder cuando abolió la pena de muerte e introdujo un sistema de tres niveles (tribunal de primera instancia, tribunal de apelaciones y Suprema Corte) para acercar a Turquía más a las normas europeas. Pero también hizo cambios de personal para contrarrestar lo que él y sus partidarios islamistas veían como años de marginación a manos de las estructuras estatales seglares.

Con las purgas más recientes, casi todos los jueces de primera instancia fueron promovidos a los tribunales de apelaciones, y recién llegados fueron nombrados a los tribunales de primer nivel. Muchos jueces, incapaces o no seguros de cómo manejar los casos, los pasan a los tribunales de apelaciones, que están abrumados, dijo Feyzioglu.

La población carcelaria ha crecido a 272 mil presos, cinco veces más que cuando el AKP llegó al poder hace 17 años, indicó Mehmet Ali Kulat, director de una firma de investigación política. Al menos 15 millones de ciudadanos turcos están involucrados en el proceso de justicia penal como testigos o acusados, añadió.

Eminagaoglu supervisó casos contra Erdogan y su partido político. Ahora se defiende a sí mismo. Ha sido acusado muchas veces de insultar al Presidente o al Estado por comentarios hechos en las redes sociales. Muchos otros enfrentan cargos aun más serios.

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