Colombia debate inclusión del Acuerdo de Paz en el PND

7 de marzo del 2019

El plan estipula que el gobierno reparará a 420.000 sobrevivientes del conflicto.

Colombia debate inclusión del Acuerdo de Paz en el PND

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A partir de la tercera semana de marzo el Congreso de Colombia empezará a debatir el Plan Nacional de Desarrollo, el documento que marcará el rumbo del país hasta el año 2022.

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Ante el inicio de la discusión, diversas organizaciones sociales, académicos y políticos señalan que el documento presentado por el gobierno de Iván Duque no asigna recursos específicos para que se implemente el Acuerdo de Paz que le puso fin a la guerrilla más antigua de Latinoamérica.

Aunque el nombre del plan, “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, evoca al mensaje de unión que dio Duque en su posesión, el documento es polémico entre quienes están a favor del Acuerdo de Paz y que, según el plebiscito por la paz, son al menos la mitad del país (49,78%). Afirman que la puesta en marcha del pacto podría estar en riesgo por falta de recursos, planes claros y estrategias eficientes.

La senadora Victoria Sandino, del partido Farc, resultante del acuerdo con la exguerrilla, se mostró preocupada. “No aparece el Acuerdo de Paz. Habla del ‘Pacto por la paz y la equidad’, pero no el pacto más importante que fue el que firmamos en el Teatro Colón. Es muy preocupante”.

Temas clave para el proceso de implementación como la reincorporación de los casi 13.000 excombatientes de las Farc, la restitución de tierras a los campesinos, la reparación a las víctimas o solución al problema de las drogas ilícitas sufrirían por falta de presupuesto, metas claras o planes eficientes.

La representante a la Cámara Juanita Goebertus especificó que el plan plurianual que contiene el PND solo asigna el 29% de los recursos requeridos para la construcción de paz, que también incluye la puesta en marcha del acuerdo.

Uno de los problemas puntuales del PND que resalta la oposición es la inexactitud en las metas de reincorporación de excombatientes de las Farc.

En su página 718 el Plan establece la meta de que 2.250 personas culminen su proceso de reintegración. Sin embargo, no especifica cuántos de los casi 13.000 excombatientes de las Farc estarán en proceso de reincorporación efectiva al cabo del cuatrienio, cuántos de ellos habrán recibido ayuda para ingresar de manera exitosa al mercado laboral o habrán tenido un proyecto de desarrollo socioeconómico con un avance exitoso.

El senador Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo, explicó que la reincorporación es clave para que el acuerdo sea sostenible. “Se sabe todo proceso de paz tiene un aspecto sustancial: que las personas que dejan la organización ilegal y una forma de vida ilegal puedan encontrar unas condiciones benéficas, propicias, para que ese tránsito se pueda hacer de una manera exitosa. Es un aspecto sustancial para lograr la sostenibilidad del Acuerdo de Paz”.

Otra crítica es la poco ambiciosa meta de reparación a las víctimas. En la página 743, el plan estipula que el gobierno reparará a 420.000 sobrevivientes del conflicto armado durante los próximos cuatro años, cuando en Colombia se han registrado 8 millones 794.542 víctimas, hasta el 1 de enero de 2019, según cifras de la Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV).

“Lo que hemos podido corroborar es que la meta para reparar y atender a las víctimas en este plan es inferior a otros planes presentados en el pasado. El gobierno del presidente Duque genera una política que limita la atención a las víctimas”, dijo Iván Cepeda.

En materia de cultivos ilícitos, el Plan de Desarrollo establece el objetivo de erradicar 280.000 hectáreas de coca, 109.000 más de las que existen en Colombia. Esto con el fin de eliminar las plantaciones a un ritmo superior al que se resiembran, pero expertos cuestionan que el plan sea eficiente.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) explica que, entre 2006 y 2010, para disminuir una hectárea de coca el Estado tuvo que erradicar o asperjar 20. Es decir, a pesar de que la meta del gobierno estipule eliminar cientos de miles de hectáreas de coca, la resiembra de estos cultivos por parte de los agricultores podría disminuir significativamente el resultado final.

“Si (Duque) repite la relación entre hectáreas intervenidas y reducción final del segundo periodo de Uribe, la reducción sería inferior a las 10.000 hectáreas”, explicaron en un análisis los investigadores de la FIP Juan Carlos Garzón Vergara y José Luis Bernal.

El plan también coloca la meta de eliminar por medio de la sustitución 17.000 hectáreas de coca. Sin embargo, expertos han señalado que no hay metas concretas para la interdicción y la destrucción de infraestructura para producir cocaína, estrategias que le pegan a los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico y han probado ser más eficientes.

La restitución de tierras es otro aspecto clave, ya que los conflictos por los territorios rurales fueron parte del inicio del conflicto colombiano. Aún así, el plan no menciona ni una meta sobre el tema. En Colombia se han registrado 15.000 solicitudes de restitución que fueron avaladas por el gobierno anterior y las víctimas esperan que el proceso continúe.

“La restitución de tierras es un aspecto fundamental de la reparación a las víctimas, que son en su gran mayoría personas y comunidades de origen rural que han sido despojadas de ellas (…). Hay un desconocimiento absolutamente olímpico de esta necesidad fundamental en el proceso de resarcimiento de las víctimas”, añadió Cepeda.

Eduard Rodríguez, representante a la Cámara por Bogotá del partido Centro Democrático, dice que muchos elementos del Acuerdo firmado entre el gobierno y las Farc están presentes en el Plan de Desarrollo “pero en políticas transversales”, no específicamente relacionadas con el pacto. “Cada uno de los componentes de equidad, legalidad y emprendimiento van a tener parte de los temas que se promovieron en el Acuerdo”, dijo Rodríguez.

El representante añade que el PND responde a las promesas que Duque hizo y por las que ganó las elecciones. “Los Acuerdos, si bien es cierto deben ser tenidos en cuenta, no son la carta de navegación”, concluye.

Sin embargo, los defensores del Acuerdo insisten en que el problema de la falta de recursos o planes eficientes para la paz podría generar un problema que trasciende las disputas políticas. No resolver los temas de fondo que ocasionaron y nutrieron el conflicto armado por décadas podría conllevar a amenazas de seguridad nacional.

Como ya se vio en la primera década de los 2000, la escalada de la violencia en Colombia repercute de manera directa en los países vecinos y en Latinoamérica en general al ocasionar desplazamiento forzado, aumentar los enfrentamientos armados en las zonas fronterizas y crear un clima de inestabilidad social y política en la región.

“El conflicto colombiano, que ha sido de larga duración, se ha ido desbordando hacia las fronteras del país y comprometiendo a otros países por el impacto que ha tenido. Así que es fundamental que se cumpla el Acuerdo, no solo para beneficio de Colombia sino también para la región”, concluye Cepeda.

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