¿Qué pasa con los contratos de la agencia de reintegración?

¿Qué pasa con los contratos de la agencia de reintegración?

26 de Diciembre del 2015

Varios contratos que maneja la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) estarían viciados, según denuncias recibidas por KienyKe.com.

La ACR es una entidad adscrita a la Presidencia de la República que fortalece la implementación de la política de reintegración en el país, es decir se hace cargo del proceso de regreso a la vida civil de hombres y mujeres alzados en armas, sean guerrilleros, paramilitares, o de otros grupos.

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Según las denuncias recibidas por KienyKe.com funcionarios de la ACR, que no serían más de ocho, con la participación de varios contratistas, a la fecha se habrían apropiado ilegalmente de más de 10 mil millones de pesos.

Los denunciantes, que también trabajan en la ACR, accedieron a entregar su versión de los hechos de manera anónima, con el fin de proteger sus trabajos y no agravar las amenazas recibidas contra su seguridad personal, extremo que ya conoce la Fiscalía General de la Nación.

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Según uno de los denunciantes, de comprobarse corrupción dentro de la entidad, “sería una piedra en el zapato para el proceso de paz que adelantan en La Habana el Gobierno y las FARC”.

“Lo que pasa dentro de la agencia es conocido tanto por el director, Joshua Mitrotti, como en (la) Presidencia (de la República), en la oficina de transparencia que dirige Camilo Enciso, y no han revelado todas las  irregularidades, las pasan por debajo de la mesa, por no hacerle ruido al proceso de paz”, dice uno de los denunciantes.

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Las presuntas irregularidades fueron puestas al descubierto por la oficina de Control Interno de la entidad, que al percatarse de que había vicios gravísimos en el proceso de contratación de suministros y desarrollo de funciones, en enero de 2015 lo pusieron en conocimiento de Mitrotti y meses después lo informaron a la oficina de transparencia de la presidencia y al Ministerio de la Presidencia, en ese entonces en cabeza de Néstor Humberto Martínez.

KienyKe.com consultó a la ACR sobre estas denuncias y la entidad alegó que la auditoría hecha sobre estos contratos no se hizo de manera correcta.

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Además, la ACR dijo a KienyKe.com que ha puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes varios de estos contratos y está a la espera de una respuesta oficial por parte de la Contraloría. Este ente de control les respondió que su solicitud de vigilancia y control fiscal será tenida en cuenta para las auditorías que se adelantarán en el año 2016.

Además, a la ACR le preocupa que detrás de las denuncias haya intereses políticos que buscan torpedear los procesos de reintegración.

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En esta cotización y su respectiva factura se evidenciaría la doble tercerización denunciada y los altos costos pagados en refrigerios ($16.000) y almuerzos ($56.000).

La plata perdida en las presuntas irregularidades, indica el denunciante, se la estarían robando a través de sobrecostos en los servicios contratados, pagos de eventos no realizados, alteración y falsificación de contratos, facturas y otros documentos de cobro.

También, dice la fuente, que parte del dinero de la ACR se está esfumando “a través de ‘empresas de papel’ mediante las cuales contratistas, bajo la mirada ciega de funcionarios de la agencia estarían tercerizando el objeto contractual. Por ser ‘empresas de papel’ se estarían quedando irregularmente con impuestos como el IVA.

La fuente indicó que hay algunos contratos, como el 1168 de 2013, que por presuntos errores en su elaboración y tramitación, fueron falsificados, para terminar pagando la obligación con uno completamente diferente al contrato de registro. Según la fuente, de ser cierta esta presunta irregularidad se acarrearían investigaciones disciplinarias y exigirían pagarle un dinero extra al contratista, Suramericana S.A.

Este hecho no representaría detrimento patrimonial a la ACR, pero sí una falsedad en documento público.

¿Tercerización irregular?

Una de las pruebas que los denunciantes presentaron a KienyKe.com es la factura de venta No. 104 de la Corporación Promotora del Deporte y la Cultura – COPDEC – a nombre de Unión Temporal Logística Unida, (contratista de la ACR). Este documento evidenciaría doble tercerización por parte del contratista para la realización de un evento en el Hotel Bogotá Plaza, hecho que pudo haber ejecutado la empresa contratista, en cumplimiento de su objeto contractual.

La respuesta de la entidad, en reunión con el nuevo secretario general, Andrés Stapper, quien asumió este cargo tras la renuncia, la semana pasada, de Ómar Ochoa, es que la tercerización es permitida ya que los contratistas, en el caso de Logística Unida para el contrato 608 de 2013 e E-comerce para el 995 de 2014, se deben apoyar y subcontratar otras entidades a nivel nacional para lograr conseguir a los proveedores y así facilitar la consecución para los eventos en zonas apartadas.

Pero, contrario a esta respuesta, el argumento de los denunciantes es que COPDEC, que aparece como beneficiaria en un gran número de contrataciones, realiza eventos para el contratista original en diferentes partes del territorio nacional y su lugar de radicación es Bogotá, al igual que el de Logística Unida, la empresa contratada para realizar dicha labor.

Así mismo, varios de los eventos realizados en Bogotá son realizados por COPDEC y no por el contratista original, hecho que según la fuente constituye doble tercerización y una contratación transparente lo prohíbe.

¿Eventos no realizados pero sí cobrados?

La denuncia también habla de algunos eventos que no se realizaron, pero que de todas maneras fueron pagados por la ACR.

Uno de estos casos está en el contrato 608 suscrito con el contratista Unión Temporal Logística Unida, contrato que tuvo una duración de un año y un valor de $ 3.953.500.000, con el objeto contractual de “prestar servicio de organización, coordinación, desarrollo, apoyo y operación logística a nivel nacional, en las reuniones y eventos estratégicos que desarrolle, o en los cuales participe la ACR, que sean programadas en desarrollo de la política nacional de reintegración”.

Factura Ortega Cauca

Factura de cobro del evento cancelado por un paro campesino y que supuestamente sí se realizó en Ortega, Cauca, donde iba a ir el presidente de la República y su comitiva y que según Control Interno, fue un costo patrimonial con presuntos vicios e irregularidades.

El otro hecho irregular, según la fuente, estaría en el contrato 995 de 2013 con el contratista E-comerce, contrato que tuvo un valor de $ 1.842.246.737, también con el objeto contractual de operación logística.

El primer caso era uno de los eventos más grandes que tenía que realizar la ACR. La sede iba a ser el municipio de Ortega, Cauca, donde se esperaban más de 700 personas a una graduación de los participantes del programa de reintegración. A dicho evento asistiría el presidente de la República, Juan Manuel Santos, algunos de sus ministros y otras personalidades de la comunidad internacional.

Este evento, programado para finales de agosto de 2013, tuvo que ser cancelado a causa del paro campesino que se había desatado días antes. La programación se canceló por parte de la ACR con tres días de antelación.

COPDEC fue la empresa que contrató a los proveedores. La firma terminó cobrando la realización del evento con la factura 105 por un valor de $ 102.300.000.

Según el informe de auditoría realizado por la oficina de Control Interno de la entidad y que está colgado en la página web de la ACR, dicha factura se canceló sin tener un recibido a satisfacción por parte de la agencia. El mismo informe indica que el funcionario que solicitó la realización del evento, Alex Castro, “manifestó que no firmó recibo a satisfacción por cuanto el evento no se realizó y porque no le constaba la entrega de estos servicios”.

Así y todo, según informe de auditoría, a COPDEC se le pagó el 90% de lo cotizado inicialmente. Control Interno también evidenció, según su informe, que para este evento, en un pequeño municipio en el Cauca, se pagaron  “700 almuerzos a razón de $56.000 cada uno a sabiendas que el evento se canceló con tres días de antelación”. Situación que Control Interno denunció como irregular.

Para la época, cuando Control Interno preguntó por qué este evento no contaba con el recibido a satisfacción por parte de la ACR, según lo dio a conocer el mismo informe, la respuesta de la oficina de secretaria general, en cabeza del hoy exfuncionario Ómar Ochoa, fue: “en lo atinente al recibo a satisfacción como esta fue una medida no contractual si no de control tomada por parte de la supervisión, dicho evento ya se había realizado y el funcionario que lo requirió Juan Pablo Nova ya no se encontraba laborando en la entidad, motivo por el cual figura sin su firma, toda vez que al estar desvinculado de la Entidad no podría suscribir documentos relacionados con funciones propias del cargo que ya no ocupaba”.

El nuevo secretario general de la ACR le indicó a KienyKe.com que el evento sí se llevó a cabo, pero que debido a la cancelación por el paro campesino que se estaba presentado en la fecha, se redujo en proporciones y que esta fue la razón por la que se pagaron $ 102.300.000 ya que el contratista – COPDEC – había cumplido con sus obligaciones contractuales.

El segundo caso, también según informes de auditoría de la oficina de Control Interno sobre uno de los eventos del contrato 995 de 2013, firmado por E-comerce Global S.A y la ACR, dentro de los presuntos vicios que la ejecución de este contrato tiene, sobresale un evento llamado “la semana de la salud”, supuestamente realizado el 12 y 26 de septiembre de 2014 en 32 ciudades del territorio nacional.

Control Interno, según su informe, evidenciaría que la agencia pagó una factura, emitida por un tercero (AGD Marketing), por un valor de 99.847.000, por un salón para 40 personas y 40 refrigerios por ciudad. Estos eventos, según informe de auditoría, no se llevaron a cabo en ninguna de las ciudades donde se contrató.

Según auditoría, la respuesta de secretaría general para la época, indicó que el evento mutó a un tamizaje (pruebas médicas) y la entrega de un refrigerio (una manzana); pero según el Informe de Control Interno, este cambio de actividad no fue reportado y tampoco se llevó a cabo con su cotización respectiva, faltando así a los principios de transparencia contractual.

El hallazgo de la oficina de Control Interno también evidenció que el recibido a satisfacción de estos eventos, que al parecer no se hicieron, se hizo, según la fuente, por un empleado de la ACR que trabaja en riesgos profesionales de la entidad, en el área de Recursos Humanos y que nada tiene que ver con contratación ni con el evento mismo.

“A ese muchacho que pusieron a firmar, tal vez por orden de superiores, si la fiscalía investiga y acusa como debiera ser, lo podrían hasta meter a la cárcel por eso”, dice la fuente.

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Documentos entregados por la secretaría general de la entidad en los que evidencian el reporte a las entidades judiciales y de control de los presuntos hechos corruptos que estarían ocurriendo en el tema de contratación de la ACR.

El nuevo secretario general de la entidad le indicó a KienyKe.com sobre este contrato que iInicialmente habían planeado desarrollar la actividad en salones con espacios amplios, y que con el apoyo gratuito de las EPS,  la Caja de Compensación y la ARL se pretendía suministrar una charla nutricional, tamizaje en nutrición y/o cardiovascular, rumboterapia y que por tal razón requerían un salón para 40 personas por ciudad con algunas especificaciones particulares, así como el servicio de refrigerios para 40 personas por ciudad, requerimientos que se solicitaron por medio de una orden de servicio establecida.

Stapper mediante un correo le explicó a KienyKe.com que “Una vez analizado el presupuesto proyectado inicialmente por el operador ($99.847.000 con IVA) y teniendo en cuenta que las EPS y la Caja de Compensación solo podían realizar la actividad en Bogotá, la ARL apoyaba en algunas ciudades y que la cobertura no iba a ser la esperada, ya que no se podía contar con el cubrimiento al 100% de los colaboradores de las diferentes Oficinas y Grupos Territoriales de la Entidad, se tomó la decisión de replantear la ejecución del evento considerando el  mismo techo presupuestado, siendo la opción más favorable la realización de las actividades en las instalaciones de la ACR, y con ello aprovechar esos recursos en la logística de las actividades que no se lograron por medio las EPS, la ARL y la Caja de Compensación Familiar, optimizando así recursos sin tener que trasladar los funcionarios a los lugares que iban a ser alquilados (sic.)”.

También indica el funcionario que la entidad cuenta con los soportes físicos y digitales para comprobar que el evento que se realizó a cambio del pactado inicialmente se ajustó a gastos presupuestales y transparentes; cosa contraria determinó el grupo de Control Interno en sus auditorías.

Stapper también respondió que en cuanto a la factura con la que se pagaron los casi 100 millones de pesos, la cual fue cancelada con un concepto diferente al realmente causado (hecho no transparente para Control Interno), ya que el objeto correspondía al evento inicialmente pactado, se basaron en conceptos del asesor contractual externo de la entidad y de la firma asesora tributaria KPMG para poder pagar la factura al contratista.

Otros contratos

Según fuentes de la Fiscalía General de la Nación, el fiscal 192 está informado de presuntos vicios e irregularidades en varios contratos de la ACR que supondrían sesiones irregulares o traspaso de contratos que se habrían llevado a cabo sin legalizar y suscribir nuevas pólizas.

Los denunciantes también hicieron llegar a los entes de control pruebas sobre la presunta compra de unos dispositivos electrónicos para leer huellas digitales comprados por unos 4.000 millones de pesos que al parecer nunca funcionaron a cabalidad. Según la denuncia, el supervisor de dicho contrato autorizó los pagos y luego realizó una adición con el contratista. En la vigencia contractual 2014 se volvieron a comprar los mismos dispositivos.

Otro contrato denunciado ante la fiscalía es el 639 de 2013, suscrito con la empresa Ernest and Young. Para este millonario contrato, que tuvo un costo de $ 1.139.618.884 y una adición de 45 millones, se presentaron cuatro empresas teniendo esta la propuesta más costosa. Las otras, según informe de auditoría colgado en la página web, presentaron propuestas muy por debajo de este presupuesto: NeoConsultoría licitó por $ 266.800.000, Optimun licitó por $ 149.436.494 y Vanto Group lo hizo por 640.000 dólares.

Para Control Interno es muy extraño que Ernest and Young haya licitado por el valor exacto del certificado de disponibilidad para el objeto contractual, un valor que según le explicaron expertos a KienyKe.com, no se puede conocer por parte de ningún contratista. Sin embargo, Ernest and Young lo conoció, licitó por el valor exacto y salió adjudicada.

En este contrato también denuncian que no hay claridad sobre lo pagado y lo recibido, ya que el contrato no es específico ni en costos ni en actividades ni en productos. Es más, para la oficina auditora no es entendible por qué razón justificable pagaron dicha cantidad de dinero. Una fuente interna de la ACR que conoció el desarrollo de este contrato le dijo a KienyKe.com que dicho objeto contractual no tuvo que haber costado más de 200 millones de pesos.

Control Interno, según informes colgados en la página web y según otras pruebas conocidas por KienyKe.com, puede evidenciar que es común encontrar almuerzos pagados a más de 50 mil pesos en pequeñas ciudades, así como refrigerios en más de 20 mil pesos.

De llegar a comprobarse la veracidad de estos hechos, los presuntos funcionarios que habrían participado en ellos y/o los habrían permitido, podrían ser acusados de los delitos de peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos, enriquecimiento ilícito, falsedad material de empleado oficial en documento público, uso de documento público falso, entre otros.

Andrés Stapper, el nuevo secretario general de la entidad, dio a conocer que la ACR puso en conocimiento de la fiscalía, procuraduría y contraloría las presuntas irregularidades halladas por el equipo auditor interno.

Sin embargo, a los denunciantes de estos presuntos casos de corrupción les preocupa que en la Contraloría General de la Nación una hermana de una funcionaria de la ACR se desempeña como contralora para el sector de vigilancia de la función pública, lo que indicaría que la investigación prometida por la entidad de control podría estar viciada.

Al parecer, según la fuente, a la fecha un par de los funcionarios que estarían involucrados en el desangre a la entidad habrían presentado su carta de renuncia al percatarse de que las evidencias de los hechos ya estarían en manos de la oficina de transparencia de la Presidencia y de la fiscalía.

Será la fiscalía como ente judicial y la procuraduría y contraloría, como entes de control, los encargados de emitir conceptos después de adelantar las respectivas investigaciones.