Recientemente la Contraloría General de Panamá, en cabeza de Federico Humbert, denunció públicamente una supuesta red de desviación de recursos al interior de la Asamblea Nacional de ese país a partir de los resultados preliminares que arrojó una auditoría a la plantilla 080 que utilizan los diputados para contratar a sus equipos de trabajo.
Desde el pasado 15 de mayo, el órgano regulador, amparado en el artículo 280° de la Constitución Política panameña, cumplía con esta tarea, ya que una de sus funciones es “realizar inspecciones e investigaciones tendientes a determinar la corrección o incorrección de las operaciones que afecten patrimonios públicos y, en su caso, presentar las denuncias respectivas”.
Sin embargo, el 5 de junio, cuerpos de seguridad pertenecientes al ente legislativo retiraron los documentos y a los investigadores del recinto donde se adelantaba la revisión. Tras el hecho, Humbert compadeció ante la prensa calificando de arbitrario e insólito el accionar de la Asamblea y anunciando la suspensión del pago a la plantilla 080 de todos los parlamentarios aunque solo veinte no sustentaron satisfactoriamente el pago de sus colaboradores.
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Además, comunicó el hallazgo de algunas inconsistencias en dichas facturaciones que, a través de pagos vía cheques a colaboradores políticos, duplicaron el gasto de los diputados que hasta el momento de la revisión, el 5 de junio,
superaban los 1.1 millones de dólares, incluyendo supuestas horas de trabajo por días no hábiles como festivos y otros inexistentes (29, 30 y 31 de febrero) por más de 117.000 balboas – equivalente a 117.000 dólares- a familiares.
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Federico Humbert, contralor General de Panamá- Contraloría Panamá[/caption]
¿Qué es la plantilla 080?
Las plantillas de contratación son parte de las funciones manejadas por la Asamblea Nacional respecto a los equipos de trabajo y personal que labora al interior del órgano legislativo.
Cada uno de los 71 diputados tiene un tope de gastos correspondiente a su labor política y colaboradores de 30.000 balboas (dólares) mensuales, aunque hasta 2015 era de 4.000. La plantilla 080 corresponde a los servicios personales que agrupan los denominados promotores deportivos y comunales de los legisladores, cuenta con 3.508 funcionarios que trabajan en cooperación alrededor de la promoción de las propuestas de ley.
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Del total de plantillas, solo la 172, destinada para los funcionarios de servicios especiales, con 2.006 contratos firmados, requiere aprobación por parte de la Contraloría General con previa revisión que desde enero del presente año rechazó su solicitud por cuenta de irregularidades que posteriormente dieron inicio a la auditoría total de los contratos.
Las demás plantillas que eran materia de revisión por parte de la Contraloría hacen parte del proceso de contratación por parte del estado panameño. La 001, correspondiente al personal fijo de la Asamblea, cuenta con 2.023 funcionarios; la 002, para el personal transitorio, tiene 146 funcionarios; la 004, para personal transitorio de inversiones, agrupa 115 funcionarios, y la 030, perteneciente a los gastos de representación, tiene 80 funcionarios.
Las irregularidades
En el comunicado de prensa publicado por la Contraloría General de Panamá, tras el pronunciamiento de Humbert, el organismo de control da cuenta del total de irregularidades presentes en las funciones y contratos de funcionarios que finalmente eran familiares de diputados y recibieron contratos por 70.000 dólares, lo que repercutía en el presupuesto del órgano público y la aparición de las denominadas “Botellas” - actuaciones dudosas e irregulares por el cobro y giro de pagos que en este caso fueron 917 cheques a múltiples plantillas de supuestos empleados por valor de 630.000 dólares -.
También se encontraron informes firmados por funcionarios de la Asamblea y que posteriormente eran diligenciados con datos no correspondientes a las ocho horas mínimas de trabajo por parte de sus colaboradores.
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La respuesta de la Asamblea
La Asamblea Nacional respondió el pasado 6 de junio al pronunciamiento del contralor rechazando sus declaraciones y los supuestos impedimentos a la auditoría denunciados por su parte. Además, anunció que espera el dictamen de la Corte Suprema de Justicia ante el Amparo de Garantías Constitucionales que ya fue aceptado para su revisión.
A las movilizaciones por parte del órgano legislativo en contra de la congelación absoluta de la plantilla 080 se sumó la solicitud expresa de la diputada independiente, Ana Matilde Gómez, en una carta dirigida al contralor general, para la revisión correspondiente a su despacho argumentando que la suspensión de los pagos a sus colaboradores “...podría resultar en una afectación directa de sus derechos laborales y garantías constitucionales”.
Entre los veinte diputados inmersos en la polémica por la sustentación de pagos y posterior suspensión total de las plantillas 080 se encuentra José Luis Varela, hermano del presidente panameño Juan Carlos Varela, junto a los
oficialistas -minoría en la Asamblea Nacional desde julio del año pasado- Adolfo Valderrama, José Antonio Domínguez, José Luis Castillo, Juan Serrano, Melitón Arrocha y Jorge Alberto Rosas.
También se congelaron los pagos de los opositores pertenecientes al
partido Cambio Democrático (CD): Aris De Icaza, Fernando Carrillo, Salvador Realy Dana Castañeda, y del
Partido Revolucionario Democrático (PRD): Ausencio Palacios, Crescencia Prado, Iván Picota, Felipe Vargas, Néstor Guardia, Carlos Motta, Elías Castillo, Jaime Pedrol y Athenas Athanasiadis.
