El Supremo Tribunal Federal de Brasil ordenó al presidente Jair Bolsonaro explicar su decreto que da una amplia autorización para el porte de armas cargadas en espacios públicos.
La orden fue emitida por la juez Rosa Weber luego de que el partido opositor Rede Sustentabilidade impugnó el decreto, que fue firmado el pasado martes, argumentando que es inconstitucional.
Los opositores a la medida afirman que va en contra del estatuto de desarme creado en 2003 que prohíbe portar armas en espacios públicos. También expresaron su aprensión ante la idea de aumentar el porte de armas en un país que ya tiene uno de los índices de asesinatos más altos del mundo.
En cambio, Bolsonaro respaldó su decreto con el resultado de un referéndum de 2005 en el que cerca del 64% de los brasileños rechazó una ley estipulaba una prohibición total de la venta de armas, entre otros temas.
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El nuevo decreto les permite a los dueños de armas comprar hasta 5.000 municiones por año, dependiendo del tipo de arma. Un aumento significativo si se tiene en cuenta el límite era de 50 municiones por año, indicó un análisis del Instituto Igarape, que se especializa en temas de seguridad y desarrollo.
Los opositores del decreto recordaron al Supremo Tribunal que un cambio de esa magnitud requiere el aval del Congreso y que crear una nueva ley a través de un decreto es inconstitucional.
Hoy en día para poder comprar un arma de fuego en Brasil hay que ser mayor de 25 años, disponer de un empleo, no contar con antecedentes penales, justificar por qué se necesita el arma y comprobar la capacidad técnica y psicológica para manejarla.
El decreto modificó el tiempo necesario para la renovación de la posesión, el cual pasó de cinco a diez años. También eliminó la necesidad de tener una autorización hecha por un delegado de la Policía Federal.
Facilitar el acceso de la ciudadanía a armas de fuego fue una de las principales propuestas de Jair Bolsonaro durante la campaña electoral.
