Los riesgos de la política ambiental de Bolsonaro

12 de enero del 2019

Puntos claves de la política ambiental del presidente brasileño.

Los riesgos de la política ambiental de Bolsonaro

Brasil no se comprometerá con nuevas metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero ante la ONU. De acuerdo con Ricardo Salles, ministro del Medio Ambiente, Brasil es “acreedor” internacional en esa área y ahora es tiempo de cobrar la factura de los países ricos para recibir recursos por lo que ya ha hecho.

En declaraciones a la prensa en los últimos días, el ministro afirma que revisará la clasificación de las unidades de preservación ambiental para permitir actividades económicas en las zonas protegidas, como la construcción de ferrovías y la instalación de líneas de transmisión donde hoy está prohibido.

Frente al dato de que la deforestación en la Amazonía aumentó casi un 14%, la mayor cifra de la década, en gran parte debido a la acción de las industrias de madera y agricultura, Salles considera que los productores sospechosos de crímenes ambientales no son “ni ángeles ni delincuentes”. “La agricultura brasileña es un ejemplo para el mundo”, sostiene.

Su jefe, el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, ha criticado la actuación del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (Ibama), órgano gubernamental responsable por la protección y fiscalización en las zonas de conservación, que había denunciado a Salles por fraude ambiental y multado a Bolsonaro por pescar en una región de conservación ambiental.

Paradójicamente en la semana que el presidente tomó posesión, el pasado 1 de enero, el Ibama retiró la multa a Bolsonaro y la presidenta del Instituto, Suely Araújo, presentó su dimisión.

“Las críticas sin fundamento hechas por el Gobierno revelan un completo desconocimiento sobre política ambiental y las funciones de un órgano como el Ibama”, informó Araújo a la Agencia Anadolu a través de una nota.

¿La economía brasileña en peligro?

Algunos economistas y ambientalistas también critican la postura del Gobierno y alertan que su política puede traer graves consecuencias no solo ambientales sino también comerciales.

El economista Francisco Gaetani, que trabajó en el Ministerio del Medio Ambiente y es presidente de la Escuela Nacional de Administración Pública, recuerda el discurso del presidente francés, Emmanuel Macron, en la asamblea general de la ONU, en septiembre del año pasado.

En esa ocasión, Macron afirmó que los países que no respetaran las políticas ambientales internacionales serían excluidos de acuerdos comerciales.

“Ese discurso debería llamar la atención de los ruralistas brasileños que celebran la elección de Bolsonaro y su licencia para destruir al medio ambiente sin preocupación”, alerta el economista.

Gaetani considera que dejar de cumplir las metas de los tratados climáticos sería un “tiro en el pie” para los intereses económicos de Brasil. Tal decisión podría comprometer el acuerdo comercial que el Mercosur negocia actualmente con la Unión Europea, con el potencial de generar decenas de miles de millones de euros al año.

“Cuando el bistec y la saca de soja brasileña lleguen a Europa y los importadores y consumidores sepan que están asociados al aumento de la deforestación, a la emisión de gases de efecto invernadero o a la violencia, no van a querer comprarlos”, afirma el experto. “Brasil perderá mercados”.

Violencia en territorios indígenas

Las políticas ambientales del gobierno Bolsonaro tendrán especial impacto en la vida de los cerca de un millón de indígenas que viven en Brasil.

Una de las primeras medidas del presidente, apenas horas después de la toma de posesión, fue firmar una medida provisional que delega al Ministerio de Agricultura, encabezado por Tereza Cristina da Costa, hasta entonces líder de la bancada ruralista en la Cámara, la tarea de identificar y demarcar como zonas de protección las tierras indígenas en el país.

Esta era una de las principales funciones de la Fundación Nacional del Indígena (Funai) en las últimas décadas. Durante la campaña, el presidente ya prometía que no cedería “ni un centímetro más de tierra” para las comunidades nativas.

Además de cesar los procesos de demarcación ya en curso, Bolsonaro amenazó también con revisar algunas tierras indígenas ya protegidas gracias a decisiones del Supremo Tribunal Federal (STF), algo que muchos juristas consideran inconstitucional.

“La decisión se ha juzgado. Fue una decisión histórica. Para los indígenas, es un derecho adquirido. Después que el Estado paga una deuda histórica, civilizatoria, ya no puede anular el pago”, dice el ex juez del STF Ayres Britto.

Horas después de que el presidente firmara la medida provisional, un grupo de madereros invadió una comunidad indígena, zona de protección ambiental, en el estado de Pará, al norte de Brasil, una acción que se ha repetido en diversas regiones en los últimos días.

En el territorio indígena Uru-Yo-Wau-Wau, por ejemplo, también en el norte del país, los cerca de 600 indígenas viven presionados por unos 5.000 invasores, que abren minerías, deforestan y retiran árboles que son protegidos por ley, después de cortar sus tierras con más de cien kilómetros de carreteras, estableciendo campamentos en la vecindad de aldeas.

El episodio más reciente y también el más violento ha ocurrido la madrugada de este viernes, en una comunidad indígena en el sur de Brasil. Dos hombres encapuchados invadieron la aldea de los Guarani Mbya y dispararon a las casas de los indígenas.

De acuerdo con portavoces del Consejo Indigenista Misionario (CIMI), los hombres amenazaron a los Guarani, afirmando que si no abandonan la región hasta el domingo, todos serán asesinados.

“Los agresores afirmaron que, con el nuevo Gobierno, ahora tienen poder de policía para defender las propiedades. Entonces, hay un estímulo en el ámbito de la política para que ese tipo de acción se desarrolle “, evalúa Robert Liebgott, coordinador del CIMI en la región sur.

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