En el último año el Estado ha sido condenado a desembolsar 76 mil 700 millones de pesos por decenas de demandas por privación injusta de la libertad, dinero que tiene que salir del bolsillo de los colombianos, representado en los impuestos que se tributan.
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Las entidad más demanda es la Fiscalía, y de hecho, la última condena contra la Rama Judicial por privación injusta de la libertad, y la que ha sido hasta el momento la más cara, fue proferida la semana pasada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se ordena pagar más de mil millones de pesos al expresidente del Congreso, Carlos García Orjuela.
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El exsenador fue detenido en el 2008, en medio de las investigaciones por parapolítica que lo vinculaban con el bloque Tolima de las AUC. Posteriormente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó su libertad en el 2010, luego de que lo absolviera del delito de concierto agravado para delinquir.
De otro lado, a mediados del año pasado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Fiscalía a pagar una millonaria suma al abogado Víctor Arturo Pacheco Restrepo, quien actualmente está involucrado en en el escándalo que sacude a la Corte Constitucional, en la que el presidente de esa corporación, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, supuestamente exigió 500 millones de pesos para fallar una tutela.
En marzo del 2011 el abogado Pacheco Restrepo fue detenido por la Policía porque presentaba antecedentes judiciales y estuvo privado de la libertad por varios días. Sin embargo, la defensa de Víctor Pacheco demostró que la reseña judicial que aparecía en su contra obedecía una condena penal que ya había pagado. La sentencia expone que la Fiscalía incurrió en el error de no actualizar la base de datos judiciales del polémico abogado, y omitió informar a la Policía que ya había pagado la condena.
En esta lista de las condenas contra la Nación por privaciones injustas de la libertad también hay varios casos de lo que algunos han denominado 'falsos positivos' de la Fiscalía, en la que se han encarcelado personas señaladas de ser guerrilleros o colabores cercanos.
El caso más reciente fue fallado hace un mes por una sala de descongestión del Tribunal Superior de Antioquia, en la que condenó a la Fiscalía por privar de la libertad a un conductor de camión en Yarumal, Antioquia, por su presunta participación en actos de rebelión y tentativa de secuestro y extorsión en hechos ocurridos en diciembre del 2003.
Sin embargo, dos años después la misma Fiscalía tuvo que precluir la investigación por falta de pruebas contra el sindicado, quien estuvo preso el mismo lapso de tiempo.
Este caso recuerda el del exdiputado del Valle, Sigifredo López, quien fue detenido el 16 de mayo del 2012 por orden de la Fiscalía, al considerarlo colaborador de la guerrilla y ser el presunto coautor del secuestro y posterior asesinato de los once diputados del Valle en el 2007.
López estuvo en prisión cuatro meses, luego de que la Fiscalía aceptara que él no tuvo nada que ver con dichos secuestros y lo dejara en libertad. El exdiputado radicó en octubre del año pasado una demanda contra la Fiscalía por más de 600 millones de pesos por los daños y perjuicios que recibió durante su reclusión.
Sin embargo, de prosperar esta demanda, López se convertirá en la persona que más dinero recibirá en los últimos años por demandas contra el Estado, pues actualmente la justicia está por fallar a su favor una demanda que él mismo interpuso por el secuestro que sufrió a manos de las Farc por un valor que sobrepasa los tres mil millones de pesos. López y sus demás compañeros de la Asamblea del Valle fueron secuestrados a mediados del 2002 y él finalmente recobró la libertad a principios del 2009.
De otro lado, los hombres no han sido los únicos en sufrir de privaciones injustas de la libertad y posteriormente gozar de una millonaria indemnización. A finales del año pasado, el Consejo de Estado condenó también a la Fiscalía a pagar una millonaria suma de dinero a una joven madre que pagó seis años de prisión acusada erróneamente de haber matado a su hija recién nacida.
Los hechos ocurrieron en abril de 1996, en el municipio de Abejorral, Antioquia, cuando la mujer dio a luz en el baño de su casa a una bebé, luego de esconder durante nueve meses su embarazo que al parecer fue fruto de un abuso sexual. Al nacer la criatura cayó al inodoro y murió.
No obstante, al ser llevada a un hospital la joven relató los hechos ocurridos y el médico que la atendió alertó a las autoridades de que ella había estrangulado a la recién nacida. Posteriormente fue condenada a 42 años de prisión y su pena fue confirmada en segunda instancia, pero la Corte Suprema de Justicia encontró graves errores en la necropsia que se le efectuó a la bebé, y en la respectiva valoración de las pruebas por el juez que la condenó.
Este caso cobra relevancia pues ha sido uno de los muy pocos en los que las demandas contra la nación ha sido por haber condenado a un inocente, pues en los demás casos la privación de la libertad ha sido de manera preventiva mientras sigue la investigación del caso y el posterior juicio.
Otra de las condenas más recientes contra la Rama Judicial fue proferida a principio de este año por el Consejo de Estado, entidad que encontró responsable a la Fiscalía de la detención injusta de un detective del desaparecido DAS, acusado de asesinato. El funcionario estuvo preso desde septiembre del 2009 hasta abril del 2000, cuando precluyó la investigación que se le adelantaba.
Este caso pertenece a las condenas más comunes por privación injusta de la libertad, en los que se confunden a inocentes con asesinos, tal como le ocurrió a Manuel Antonio Suesca Montaña, un extrabajador del distrito de Bogotá, quien fue condenado a 25 años de cárcel por un homicidio que no cometió en agosto de 1997. A principios de 1999 el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena y ordenó su libertad.
Inexplicablemente a Suesca Montaña, quien fue procesado por homicidio culposo en un accidente de tránsito, la Fiscalía lo vinculó con el asesinato de un sujeto a la salida de un billar en el sur de Bogotá, todo por un error en el cotejo de la huella dactilar. Finalmente, a mediados del 2014 la justicia le dio la razón a Manuel Suesca y ordenó una millonaria indemnización.
De otro lado, hay algunas demandas pendientes de ser interpuestas, como la que anunció el senador liberal Luis Fernando Velasco, quien estuvo preso por cuatro meses a mediados del 2008 por orden de la Fiscalía, en una investigación que lo vinculó con los paramilitares.
Tanto el caso de Velasco como el de Sigifredo López tienen algo en común, y es que sus privaciones de la libertad se debieron al denominado cartel de los falsos testigos.
Kienyke.com habló con el conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Quintero, acerca de la sanción que le cabe al fiscal cuando por su omisión o culpa se haya privado injustamente de la libertad a una persona. El abogado penalista indicó que sólo si se comprueba que el juez o el fiscal hayan tenido una falta grave o hayan actuado con dolo, se les puede aplicar la sanción económica denominada acción de repetición, que es la obligación que se les impone para que con su patrimonio ayuden a cancelar la condena proferida contra la Fiscalía o la Rama Judicial.
López estuvo en prisión cuatro meses, luego de que la Fiscalía aceptara que él no tuvo nada que ver con dichos secuestros y lo dejara en libertad. El exdiputado radicó en octubre del año pasado una demanda contra la Fiscalía por más de 600 millones de pesos por los daños y perjuicios que recibió durante su reclusión.
Sin embargo, de prosperar esta demanda, López se convertirá en la persona que más dinero recibirá en los últimos años por demandas contra el Estado, pues actualmente la justicia está por fallar a su favor una demanda que él mismo interpuso por el secuestro que sufrió a manos de las Farc por un valor que sobrepasa los tres mil millones de pesos. López y sus demás compañeros de la Asamblea del Valle fueron secuestrados a mediados del 2002 y él finalmente recobró la libertad a principios del 2009.
De otro lado, los hombres no han sido los únicos en sufrir de privaciones injustas de la libertad y posteriormente gozar de una millonaria indemnización. A finales del año pasado, el Consejo de Estado condenó también a la Fiscalía a pagar una millonaria suma de dinero a una joven madre que pagó seis años de prisión acusada erróneamente de haber matado a su hija recién nacida.
Los hechos ocurrieron en abril de 1996, en el municipio de Abejorral, Antioquia, cuando la mujer dio a luz en el baño de su casa a una bebé, luego de esconder durante nueve meses su embarazo que al parecer fue fruto de un abuso sexual. Al nacer la criatura cayó al inodoro y murió.
No obstante, al ser llevada a un hospital la joven relató los hechos ocurridos y el médico que la atendió alertó a las autoridades de que ella había estrangulado a la recién nacida. Posteriormente fue condenada a 42 años de prisión y su pena fue confirmada en segunda instancia, pero la Corte Suprema de Justicia encontró graves errores en la necropsia que se le efectuó a la bebé, y en la respectiva valoración de las pruebas por el juez que la condenó.
Este caso cobra relevancia pues ha sido uno de los muy pocos en los que las demandas contra la nación ha sido por haber condenado a un inocente, pues en los demás casos la privación de la libertad ha sido de manera preventiva mientras sigue la investigación del caso y el posterior juicio.
Otra de las condenas más recientes contra la Rama Judicial fue proferida a principio de este año por el Consejo de Estado, entidad que encontró responsable a la Fiscalía de la detención injusta de un detective del desaparecido DAS, acusado de asesinato. El funcionario estuvo preso desde septiembre del 2009 hasta abril del 2000, cuando precluyó la investigación que se le adelantaba.
Este caso pertenece a las condenas más comunes por privación injusta de la libertad, en los que se confunden a inocentes con asesinos, tal como le ocurrió a Manuel Antonio Suesca Montaña, un extrabajador del distrito de Bogotá, quien fue condenado a 25 años de cárcel por un homicidio que no cometió en agosto de 1997. A principios de 1999 el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena y ordenó su libertad.
Inexplicablemente a Suesca Montaña, quien fue procesado por homicidio culposo en un accidente de tránsito, la Fiscalía lo vinculó con el asesinato de un sujeto a la salida de un billar en el sur de Bogotá, todo por un error en el cotejo de la huella dactilar. Finalmente, a mediados del 2014 la justicia le dio la razón a Manuel Suesca y ordenó una millonaria indemnización.
De otro lado, hay algunas demandas pendientes de ser interpuestas, como la que anunció el senador liberal Luis Fernando Velasco, quien estuvo preso por cuatro meses a mediados del 2008 por orden de la Fiscalía, en una investigación que lo vinculó con los paramilitares.
Tanto el caso de Velasco como el de Sigifredo López tienen algo en común, y es que sus privaciones de la libertad se debieron al denominado cartel de los falsos testigos.
Kienyke.com habló con el conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Quintero, acerca de la sanción que le cabe al fiscal cuando por su omisión o culpa se haya privado injustamente de la libertad a una persona. El abogado penalista indicó que sólo si se comprueba que el juez o el fiscal hayan tenido una falta grave o hayan actuado con dolo, se les puede aplicar la sanción económica denominada acción de repetición, que es la obligación que se les impone para que con su patrimonio ayuden a cancelar la condena proferida contra la Fiscalía o la Rama Judicial.
