En el pasado mes de febrero se confirmó que el programa que ‘Pirry’ realizaría para RCN no vería la luz. En redes sociales empezó a correr el rumor de que la cancelación se debía a una investigación que el equipo periodístico hacía, y en la que estaba involucrado el senador Mauricio Lizcano, entonces presidente del Congreso.
En aquella oportunidad, el periodista confirmó que, “nuestro programa fue cancelado por el Canal RCN”. Respecto a la relación con Lizcano, dijo que “no he cruzado ni una palabra con los directivos. A ellos no les he dicho qué temas estoy haciendo, si ellos se enteraron por otro lado, es algo de lo que no tengo pruebas. Sí estábamos haciendo un tema sobre el señor Lizcano”.
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Diana Salinas, parte del equipo de investigación, le contó a La W que la familia Lizcano había adquirido un predio de 51 hectáreas en Guamerú, Risaralda, y en el que se tenía el proyecto de construir una bomba de gasolina. Se supo, además, que la propiedad tenía una medida cautelar porque había sido objeto de despojo. Entonces el senador dijo que había comprado las tierras “de buena fe”.
La pregunta que se hacían los periodistas era ¿qué tanta información tendría Lizcano para haberse hecho a esas tierras, privilegiadas por su ubicación porque, por ejemplo, por allá pasará la conexión Pacífico Tres, una importante vía que conectará Caldas con Antioquia?.
Cuatro meses después de que la investigación saliera a la luz, La Procuraduría General de la Nación formalizó el proceso en el que se busca determinar si el Senador incurrió en irregularidades durante la adquisición del terreno.
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Lo primero que se hará es pedir al Congreso documentos que certifiquen los ingresos de Lizcano. Respecto al predio, se está revisando el registro de instrumentos públicos de Belén de Umbría. Con esto último se espera determinar la historia y forma de adquisición de predio.
Finalmente, se hará un estudio de la documentación que hay sobre el tema en el Instituto Nacional de Vías. La idea es verificar si se han solicitado permisos para montar una bomba de gasolina en el predio adquirido por la familia Lizcano.
Por otro lado, según informó El Espectador, el meollo del asunto estaría en que, efectivamente, a los Lizcano se les habría concedido un permiso para operar la bomba de gasolina. En cuanto al predio, el problema radica en que Blanca Ofelia Correa habría comprado el terreno en 1995. Sin embargo, y esto es fundamental en el caso, Correa y su esposo Juan Fernando Acosta desaparecieron, no se sabe todavía cómo, en 1996.
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Los desafortunados hechos permitieron que el predio fuera rematado. Los Lizcano lo adquirieron en 2001, y empezaron a gestionar los permisos para poner la estación en una zona de alto tráfico vehicular. “A cualquier ciudadano le puede pasar, cómo íbamos a saber nosotros que 30 años antes en esa finca habían desaparecido dos personas", explicó Lizcano. Quizás no sabían el proceso de restitución que había sobre el lugar. Eso es lo que espera determinar la justicia.
El proceso se ha acelerado luego de dos meses de silencio. Con la expedición de un auto, la Procuraduría espera oír al senador en versión libre. Sin embargo, el parlamentario sigue insistiendo en la inocencia de él y su familia, y que obró de “buena fe”.
