Consejo de Estado deja en firme investidura de Petro

18 de julio del 2019

El alto tribunal negó la demanda en contra del Senador.

Consejo de Estado deja en firme investidura de Petro

Senado de la República

El Consejo de Estado negó una nueva demanda que se interpuso contra la investidura del senador Gustavo Petro, por lo que el congresista de la oposición mantendrá su escaño.

El demandante consideraba que Petro había incurrido en una violación al régimen de inhabilidades por haber sido elegido en un cargo de elección popular a pesar de que, producto de su actuación dolosa o gravemente culposa como servidor público, había dado lugar a una sentencia de reparación patrimonial contra el Estado.

Es decir, el senador no merecía su curul por los fallos de la Contraloría que pesaban en su contra relativos a su gestión cuando fue alcalde de Bogotá.

Durante la administración de Petro, decisiones como la contratación de los buses para el nuevo modelo de recolección de basuras en la capital significó un detrimento patrimonial para la ciudad. Según el demandante, esto merece la pérdida de investidura porque de acuerdo a la Constitución una persona que tenga condenas no podrá ejercer cargos políticos.

Sin embargo, el Consejo de Estado desestimó este argumento ya que considera que “si bien es cierto que existen tres condenas de tipo fiscal en las que Gustavo Petro fue condenado por decisiones relacionadas con la contratación de maquinaria para la puesta en funcionamiento de un nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá, cuando el demandado fungió como Alcalde Mayor de la Capital, estas no dan lugar a la pérdida de investidura”. 

El fallo sostiene que dichas sanciones fiscales se fundamentan en actos administrativos que fueron emitidos por la Contraloría Distrital de Bogotá y no constituyen sentencias judiciales.

De acuerdo a este tribunal, para que se produzca la causal de pérdida de investidura, debe existir una sentencia judicial que pruebe que una actuación dolosa o gravemente culposa del congresista como servidor público haya dado lugar a una condena de reparación patrimonial en contra del Estado.

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