En la tarde de este lunes las Comisiones Primera de Senado y Cámara concretarán el rumbo de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.
La JEP, que será el cimiento de los acuerdos de paz con las Farc, ha encontrado duros obstáculos al interior del Congreso. Los cuestionamientos por parte del Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez, y la negativa de Cambio Radical frente al proyecto se ha convertido en uno de los puntos débiles para continuar con la implementación de lo acordado.
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Uno de los puntos que será discutido en esta sesión es la participación política de exguerrilleros de las Farc antes de que estos hayan solucionado su situación judicial ante el tribunal de la JEP. Sobre este aspecto, Cambio Radical ha sido uno de los principales opositores.
La senadora de la Alianza Verde, Claudia López, solicitó que los excombatientes de las Farc solo pudieran participar en política una vez se presentaran ante la JEP, y no antes, lo que supone que la guerrilla no llegue al Congreso en 2018, sino en 2019.
“Lo que más le sirve a la paz es que quienes lleguen a competir en política hayan sido primero juzgados y sentenciados, porque así nos aseguraremos que colaboraron, que cumplieron, que dijeron la verdad, contribuyeron con la reparación de las víctimas. Solo si hacen eso tienen una pena alternativa”, señaló López.
En esta ocasión el Gobierno llega con una posición optimista puesto que durante una reunión con el Fiscal al interior de la Casa de Nariño, se llegó a un acuerdo sobre los puntos que había generado mayor discrepancia. Dentro de las objeciones de Martínez, está el juzgamiento de los testaferros, de los disidentes, reincidentes y desertores de las Farc. Además de la discusión del artículo que excluye de los beneficios de la JEP a quienes hayan incurrido en delitos de narcotráfico después del 1 de diciembre de 2016, para que sean juzgados por la Justicia Ordinaria.
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La semana pasada se aprobaron aproximadamente 120 artículos, relacionados con temas de funcionamiento y derechos de las víctimas, no obstante, están pendientes las observaciones de la Fiscalía que ya fueron acogidas por el Gobierno, pero que según líderes de las Farc “clavaría una estocada profunda a la parte esencial del acuerdo”.
