La Contraloría General de Colombia, máximo órgano de control fiscal del Estado, solicitó el martes a la estatal Agencia Nacional de Tierras acciones judiciales para anular las ventas de predios baldíos en casos de acumulación indebida.
La Contraloría calificó de "reprochable" la violación de las 450 hectáreas establecidas por la ley 135 de 1961 o de la Unidad Agrícola Familiar, topes que están orientados a promover la función social y a evitar la concentración de las propiedades.
En otras palabras, la ley prohíbe expresamente conformar latifundios con tierra pública a través de la acumulación de baldíos porque se contraviene la esencia de la norma, que es darle tierra a quien menos tiene.La Contraloría advierte sobre 33 casos concretos, referentes a 322 predios, 12 de ellos ubicados en el departamento de Córdoba (norte), entre los que se incluye El Ubérrimo, propiedad del actual senador y expresidente Álvaro Uribe (2001-2010). El pedido de la Contraloría se produce en medio de la polémica que generó la eventual presentación al Congreso de un proyecto de ley de tierras derivado de los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. [single-related post_id="690558"] Empresarios y sectores de la derecha advierten que ese proyecto determinará una expropiación de la propiedad privada similar a la supuestamente aplicada en Venezuela por el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013). Por su parte, la izquierda y varias organizaciones sociales han criticado que los baldíos se entregarían a personas que no son sujetos a beneficiar por la reforma agraria, es decir, que no son ni vulnerables ni están en condiciones de pobreza. Los otros predios señalados por la Contraloría están en los departamentos del Meta, Caquetá (centro), Vichada (suroeste) y Antioquia (noroeste); tres corresponden a familiares del actual ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, a la familia del exministro Rubén Darío Lizarralde y a la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los conglomerados económicos más poderosos de Colombia.
El ente de control fiscal señaló que "si bien no existió un detrimento patrimonial, sí es reprochable la violación de los topes establecidos en la ley".En adelante será función de la Fiscalía y de la Procuraduría investigar si hubo algún tipo de delito cometido por los poseedores de dichos predios, agregó la Contraloría. Con información de Sputnik
