“Se ha actuado transparentemente y con apego a la ley”: JEP

9 de marzo del 2019

El tribunal le pidió a la Procuraduría y a la Contraloría revisar sus contratos.

“Se ha actuado transparentemente y con apego a la ley”: JEP

Debido a las innumerables críticas que ha recibido la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el escándalo de corrupción de uno de sus fiscales de apoyo y los cuestionados contratos, el mismo tribunal especial decidió solicitarle a la Procuraduría y a la Contraloría General que haga visitas especiales para que se revisen esos procesos.

La Justicia Especial mencionó a través de Twitter que le piden esto a las dos instituciones con la convicción que desde su labor han actuado de forma “transparente y con estricto apego a la ley”. 

Estas últimas semanas el tribunal ha sido fuertemente criticado, no solo por los recientes hechos que tienen contra las cuerdas al exfiscal de apoyo Carlos Julián Bermeo, procesado por presuntamente incidir en la extradición de Jesús Santrich a cambio de promesa remuneratoria. Sino por la renuncia de la directora de Asuntos Jurídicos, Martha Lucía Zamora, por presuntamente haberle hecho favores a exintegrantes de las Farc y los dos millonarios contratos para ser ejecutados en pocos días firmados por el exministro de las TIC, Juan Sebastián Rozo Rengifo, y Miguel Samper Strouss. 

Así pues, la JEP le solicitó a la Procuraduría que revise los procesos de contratación que ha adelantado la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción, al frente de María del Pilar Bahamón, durante el 2018 y lo transcurrido del 2019, argumentando que es de su mayor interés que “se despeje cualquier duda sobre la legalidad y transparencia con la que se ha adelantado dicha contratación”.

Por otro lado, a la Contraloría General, el tribunal especial le manifestó que insistirá en la tarea de construcción de confianza para “lograr el propósito superior de la reconciliación y construcción de una nueva sociedad en donde el conflicto ya no sea el protagonista”, así que le requirió que se realicen las “actuaciones de vigilancia y control fiscal a que haya lugar frente a la gestión contractual cumplida por dicha jurisdicción”.

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