Corte Constitucional da vía libre a Reforma Rural Integral

13 de julio del 2018

Se necesitaba de la aprobación del ente constitucional para comenzar su implementación en el país.

Corte Constitucional da vía libre a Reforma Rural Integral

La Corte Constitucional respaldó la mayoría de los 82 artículos presentados en la Ley 902 de 2017 que fija los parámetros de la Reforma Rural Integral (RRI) contemplada en el punto uno del Acuerdo Final firmado por el Gobierno Nacional y las Farc.

El punto de la Reforma Rural Integral es uno de los más trascedentales del Acuerdo Final y uno de los más discutidos en medio de las negociaciones en La Habana, Cuba. Sin duda, se necesitaba de la aprobación del ente constitucional para comenzar su implementación en el país y cumplir con lo pactado en las negociaciones de paz.

Este decreto por el cual se adoptan las medidas para facilitar la implementación del procedimiento de acceso, formalización y el Fondo de Tierra tuvo algunas modificaciones y condiciones en los artículos presentados ante la Corte Constitucional.

El único artículo que el alto tribunal rechazó fue el Nº. 78, que mencionaba: “Las autoridades judiciales que se determinen o creen para cumplir con los objetivos de la política de ordenamiento social de la propiedad rural”. Sin embargo, la Sala lo declaró inexequible al considerar que en estos procesos ya hay jueces administrativos existentes.

Por otro lado, pocos artículos fueron los condicionados por el alto tribunal, entre ellos el artículo noveno que reconoce la economía del cuidado en todos los procesos de acceso y formalización de tierras. El alto Tribunal añadió que dicho reconocimiento se refiere igualmente a las demás comunidades étnicas cuando presenten la misma situación de ocupación de predios en sus tierras.

Por otro lado, de acuerdo a los mecanismos alternativos de solución de conflictos contemplados en el artículo 55 se extendió lo mencionado en el inciso quinto en cuanto a los derechos adquiridos de las comunidades indígenas, negras, afros, palenques y raizales del país.

Por su parte, el artículo 60, que establece las fases del procedimiento único en zonas focalizadasm se regirá bajo las normas y los manuales operativos expedidos por la Agencia Nacional de Tierras.

El decreto 902, que reformaría la ley 160 de 1994, pretende cumplir con lo cometido del Acuerdo Final de una manera más económica y eficiente para reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano, además de dar seguridad jurídica y formalizar la propiedad rural a las personas que no tienen el título.

Según fuentes de la Agencia Nacional de Tierras, lo más importante de la decisión que tomó la Corte Constitucional es que no frenó lo ya avanzado por el Gobierno Nacional en materia de tierras y le permite al próximo mandato ya tener firme un instrumento jurídico para poder desarrollar una gestión más eficiente sobre la tierra, que se espera que le de continuidad.

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