Corte esperará a que el Congreso decida sobre objeciones

Corte esperará a que el Congreso decida sobre objeciones

20 de marzo del 2019

La Corte Constitucional se declaró inhibida del control automático de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y solicita al Congreso que una vez resueltas las objeciones a esta ley se envíe el texto al alto tribunal.

La semana pasada el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, había enviado una solicitud a la Corte para que estableciera si el presidente Iván Duque tenía las facultades para objetar los seis artículos a esta Ley y si el Congreso es competente para tramitar estas objeciones.

Luego de esto, distintos medios anunciaron una supuesta sentencia de la Corte respecto a esta misiva, en la que llegaron a especular que al parecer le ordenarían al Congreso que volviera a remitir la normativa al presidente Iván Duque para que la sancionara. Sin embargo el alto tribunal declinó la solicitud de Chacón, y esperará la decisión por parte del Congreso para tomar un determinación final.

En caso de que hayan cambios o se archive el proyecto la Corte iniciará el control automático. No obstante, dio un plazo máximo hasta el 20 de junio, para revisar la constitucionalidad, vicios de procedimiento y conexión con el Acuerdo de Paz.

La Corte ya había anunciado que no habían registrado la ponencia para iniciar el proceso que solicitó el representante a la Cámara, y de esta manera desmintió las supuestas afirmaciones sobre las objeciones.

“La Corte Constitucional no ha registrado ponencia para resolver la petición de Alejandro Chacón, presidente de la Cámar de Representantes”, aseguraron.

Álvaro Uribe se despachó en contra de la Corte

El día de ayer el senador Álvaro Uribe Vélez se despachó sobre esta supuesta determinación del alto tribunal a las objeciones a esta Ley y manifestó: “La Corte Constitucional fue instituida para salvaguardia del Estado de Derecho, no para derogarlo”, inició Uribe Vélez.

También acusó a la Corte de estar aliada al gobierno anterior por aceptar el Fast Track, mecanismo que agilizó el trámite de las leyes y reformas constitucionales que se necesitaban para la implementación del Acuerdo de Paz, y según él desconociera los resultados del Plebiscito por la paz.