Así funciona la mafia cazacongresistas

10 de marzo del 2015

¿Quién paga hasta 600 millones de pesos para tumbar a un congresista?

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Una alianza maquiavélica entre particulares y funcionarios judiciales ha venido operando de manera silenciosa y clandestina desde hace bastante tiempo. Busca posesionar a terceros en el Congreso sin que participen directamente en elecciones parlamentarias.

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No se trata del denominado carrusel de congresistas, en el que el titular de la curul pedía una licencia para que el que le sigue en la lista o en votación ocupara el escaño en el Senado o en la Cámara de Representantes y gozar de ese sueldo por un tiempo. Sin embargo, el efecto es el mismo, pues el fin es que el titular de una curul la pierda pero en este caso por una decisión judicial.

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Uno de los abogados que hace parte del negocio de tumbar congresistas habló con kienyke.com con la condición de no revelar su nombre y explicó cómo funciona esa mafia, como él mismo la calificó.

El que le sigue en la lista de elegibles a cualquier senador o representante a la Cámara entrega una cantidad considerable de dinero a uno de los varios abogados que hace parte de esta “mafia” para que interponga una demanda electoral o demanda de pérdida de investidura contra el congresista en mención ante el Consejo de Estado, tribunal encargado de darles trámite.

Sin embargo, estos políticos oportunistas acuden a los abogados penalistas o con especialidad en derecho administrativo no solamente para que sean los titulares e impulsen la demanda, sino sobre todo porque son el enlace directo con funcionarios de los despachos judiciales del Consejo de Estado, incluidos magistrados auxiliares, quienes influirán en el fallo final.

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Todos, abogados, algunos magistrados auxiliares y otros funcionarios del Consejo de Estado, según indicó la fuente consultada por kienyke.com, hacen parte de esa mafia cazacongresistas.

No obstante, la cifra de dinero que debe entregar el que por derecho debe ocupar la curul que deja por ausencia su titular, varía dependiendo si es un representante a la Cámara o un senador al que pretende tumbar.

Incluso la tarifa de precios varía dependiendo del nombre y el poder que tenga el congresista en la mira o si es un representante a la Cámara de una región influyente o no.

Por ejemplo, la tarifa que debe pagar el personaje de la lista de reemplazos de un representante a la Cámara de departamentos como Amazonas, Guainía, Guaviare y San Andrés es mínimo de sesenta millones de pesos.

Este precio diferencial para tumbar a los representantes de esos departamentos, es la tarifa más baja en la lista de precios, pues tal como explicó el abogado consultado, no se necesita un gran caudal electoral para salir elegido como congresista en esas regiones, por lo que el poder que representa dicha curul no es suficiente como para poder ser influyente en el Congreso.

Caso distinto a regiones como Antioquia, Atlántico, Bogotá, Cundinamarca y Valle en las que la cifra sube considerablemente, puede llegar, según el nombre del congresista, a los 200 millones de pesos.

En el caso de los senadores, la tarifa se mide también por el caudal electoral que tenga el titular de la curul. La fuente indicó que para tumbar a un senador no tan reconocido, la cifra llega a los 400 millones de pesos, y si es un político influyente, el valor no es inferior a los 600 millones de pesos y puede llegar hasta los mil millones.

La elevada cifra, explicó el abogado consultado, tiene también como finalidad evitar que el senador demandado pueda hacer una contraoferta con una suma alta a los magistrados auxiliares e incluso al magistrado titular que tenga en su despacho el proceso.

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En los casos de los senadores con más poder, parte importante del dinero va también destinado al magistrado en propiedad que tiene que decidir sobre la demanda.

En todo caso, del total de dinero que el interesado en ocupar la curul debe darle al respectivo abogado, un ochenta por ciento es para pagar a los funcionarios del Consejo de Estado y el 20 por ciento para el litigante.

La función del grupo de magistrados auxiliares que prestan sus servicios en esta mafia, es proyectar la sentencia dándole por supuesto la razón a la demanda que pide tumbar al congresista y convencer a su jefe directo, el magistrado titular, de darle el visto bueno. Posteriormente, si el magistrado en propiedad avala la ponencia, tiene que defenderla en la Sala a la cual pertenece, si es una demanda de nulidad electoral, y eventualmente en la sala plena del Consejo de Estado si se trata de una demanda de pérdida de investidura.

De todas maneras, no hay certeza de que el fallo final vaya aceptar los argumentos de la demanda, pues la ponencia puede ser derrotada. Pero en dado caso de que se disponga de bastante dinero y haya además intereses económicos de por medio, éste se puede distribuir entre los magistrados titulares que conformen la sala, en este caso la Sección Quinta del Consejo de Estado, que es la encargada de estudiar las demandas de nulidad electoral.

No obstante, la fuente reveló que él directamente no le ha ofrecido dinero a los magistrados titulares de esa sección, ni sabe de algún caso en específico, pero sí relató que ha escuchado de algunos de sus colegas la intención de hacer el pago directo.

Como primera y más fácil medida para tumbar a un congresista, los abogados acuden a la demanda de nulidad electoral, que consiste en sustentar posibles vicios en su elección, como por ejemplo delitos como supuesta compra de votos, transhumancia electoral, o alguna inhabilidad para poder aspirar a un cargo de elección popular. Entre estas las más populares está la de no haber renunciado un año antes a un cargo de función pública para poder postular su nombre al Congreso, o porque algún familiar del congresista electo ejercía o tenía función pública en la misma jurisdicción.

En segunda instancia se acude a la demanda de pérdida de investidura, en la que se tiene que demostrar actuaciones por fuera de la ley en las que haya podido incurrir el congresista titular. El argumento más usado es el tráfico de influencias.

En ambos casos el tiempo estimado de fallo del Consejo de Estado es entre seis meses y dos años.

Estas prácticas en el Consejo de Estado difieren de los procesos penales que se les sigue a los Congresistas en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en varias oportunidades se ha publicado que algunos congresistas han sido procesados por falsos testigos, influenciados o pagados por políticos de oposición o que tienen la intención de apartar al parlamentario investigado de su curul. Sin embargo, este último caso no es tan común ya, pues para el juzgamiento de un congresista por ciertos delitos penales no se permite su reemplazo bajo la figura de la silla vacía.

Por último, el abogado reveló que en el tiempo que lleva litigando ante el Consejo de Estado, ha logrado tumbar once congresistas entre representantes a la Cámara y senadores.

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