ONU cuestiona fragilidad del Proceso de Paz

Flickr/ United States Mission Geneva

ONU cuestiona fragilidad del Proceso de Paz

5 de octubre del 2018

La falta de recursos para la implementación del Acuerdo, el aumento de crímenes contra miembros de las Farc que participaban en procesos de reincorporación, asesinato de líderes sociales, el lento avance de la JEP y la poca presencia activa del Estado, son algunas de las fallas que la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz de la ONU en Colombia, encontró en estos 90 días (del 21 de julio al 26 de septiembre de 2018) y que consignó en el cuarto informe que el Secretario General del organismo, Antonio Guterres, presentará al Consejo de Seguridad. KienyKe.com conoció el documento y explica cuáles son los detalles más relevantes del documento que contempla el estudio de cómo va la implementación de los acuerdos y la reincorporación de las Farc.

La mayor preocupación

Según la ONU, a pesar de los esfuerzos del Gobierno, una de las principales preocupaciones es que no han cesado “en lo más mínimo” los atentados contra los líderes sociales. Resaltan la dinámica de violencia que afecta principalmente a los sectores rurales y las alarmantes cifras de estos crímenes sustentados a través de las cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Defensoría del Pueblo.

El informe de la Misión de Verificación muestra que entre los múltiples causas de estos crímenes, se encuentra la participación de las víctimas en la defensa de la tierra, la implementación de partes del Acuerdo de Paz  (sobretodo en los programas de sustitución de cultivos de coca y planes de desarrollo rural), la lucha por los recursos públicos y por la participación política.

A lo anterior se suma que la mayoría de las víctimas son miembros de juntas de acción comunal y líderes de comunidades indígenas y afrodescendientes.

“Como subrayé en mis informes anteriores, es necesario que en las antiguas zonas de conflicto haya una presencia proactiva e integrada del Estado. Por tanto, con un esfuerzo específico, coordinado y sostenido de las instituciones estatales, como se pide en el Pacto aprobado en Apartadó – firmado por el Presidente, la Vicefiscal General de la Nación, el Procurador General, el Defensor del Pueblo y varios gobernadores – debería poder hacerse frente a este desafío con energía”, señala el Secretario General de la ONU.

Falta de recursos

La ONU resalta que la falta de recursos para la implementación ha impedido que el proceso avance con efectividad. Señala que una de las principales tareas es “el proceso de reincorporación económica”, que va “claramente a la zaga de otros enfoques de la reincorporación”.

Comenta que el objetivo fundamental de proporcionar oportunidades de generación de ingresos a los más de 14 mil excombatientes “dista mucho de haberse logrado”, debido a que se ilustra desde el hecho de que solo se han aprobado 17 proyectos y solo dos cuentan con financiación.

El informe indica también que su implementación sigue constituyendo un desafío en lo que respecta a las garantías de seguridad y a la reincorporación. Dice que a este reto solo se puede hacer frente otorgándole mayor prioridad y dotándolo de más recursos y exhorta a las autoridades a que proporcionen los recursos necesarios para esas inversiones críticas en el futuro de Colombia, con todo el apoyo posible de la comunidad internacional.

La salida de los excombatientes

Sustenta que la fragilidad de la implementación se debe a la inseguridad física y jurídica que en estos tres meses se ha evidenciado, debido a la implicación que tuvo que nueve excombatientes de las Farc decidieran abandonar los espacios territoriales para la capacitación y reincorporación, situados en la región sur oriental del país, donde se preparan para retornar a la vida civil aproximadamente 1.500 exmilitantes.

A esa inseguridad jurídica se suma la violencia que se ha presentado en las zonas de conflicto vinculadas principalmente a grupos delictivos. “Algunos de esos grupos incluyen a antiguos miembros de las Farc – ep a los que comúnmente se denomina ‘disidentes’ que han abandonado el proceso”.

Agrega que, como se ha descrito en informes anteriores, este proceso de reincorporación en Colombia se enfrenta a desafíos “de enormes proporciones” entre los que cabe citar la debilidad de las instituciones estatales o su inexistencia, el efecto de las economías ilegales, y los incansables esfuerzos de los grupos armados existentes por atraer a antiguos miembros de las FARC-EP a sus filas”.

“Condiciones de seguridad en deterioro”

El informe es claro en señalar que hay pocas garantías de seguridad a los antiguos miembros de las Farc. Los nuevos puntos de reagrupamiento de la antigua guerrilla fuera de los espacios territoriales siguen ampliándose y confirma que algunos se encuentran situados en zonas expuestas a la influencia de grupos armados ilegales. “Sus necesidades de seguridad ponen de relieve la importancia de hacer un mayor esfuerzo para ampliar la seguridad a las zonas más afectadas por el conflicto”, puntualiza.

Explica que, fuera del ámbito de esas medidas de seguridad, nueve antiguos militantes que participaban en el proceso de reincorporación fueron asesinados en el periodo en el que se informa, y que las cifras son “alarmantes” porque con ese número de asesinatos, la cifra asciende a 71 desde la firma del Acuerdo de Paz.

“El deterioro de las condiciones de seguridad para los antiguos miembros de las Farc que viven fuera de los espacios territoriales para capacitación y reincorporación quedó de manifiesto de manera sumamente marcada con los trágicos acontecimientos ocurridos·, como lo que ocurrió en El Tarra, en el Departamento de Norte de Santander, “donde el 30 de julio fueron asesinadas diez personas, entre ellas cuatro antiguos miembros de las Farc”.

Añade que, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación ha señalado que tres cuartas partes de esos asesinatos se concentran en cinco departamentos: “Nariño (16 víctimas), Antioquia (14 víctimas), el Cauca (12 víctimas), Caquetá (8 víctimas) y Norte de Santander (7 víctimas)” y que en esos 34 casos, la Unidad ha hecho avances importantes en sus investigaciones, con la detención de 17 instigadores o autores materiales de los asesinatos.

Estas estadísticas confirmarían la necesidad de prestar especial atención a la situación de la seguridad en el interior y los alrededores de determinados espacios territoriales para capacitación y reincorporación.

Avances en Jurisdicción Especial

Entre tantos puntos trascendentales, el informe cuenta los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la cual se confirmó la constitucionalidad de la ley estatutaria gracias a la decisión de la Corte Constitucional, que dotó de un marco jurídico más claro y sólido, que le permitió abrir sus primeros casos, como el número 003, sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del Estado.

“Esto constituyó a una mayor certidumbre jurídica para la implementación del Acuerdo de Paz en general, así como para las personas sujetas a su jurisdicción y para las víctimas”, dijo la Misión de Verificación de la ONU.

Además, resaltó que el sistema de las Naciones Unidas siguió proporcionando apoyo técnico y operacional a estos tres organismos que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en los que se encuentran ademas de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Este informe que se presentará ante el Consejo de Seguridad de la ONU se ocupa también de especificar temas como: las novedades en el Congreso respecto a la designación de los miembros de la Comisión de Paz, el proceso de negociación con la guerrilla del Eln, la protección infantil, el trabajo en cooperación con el sistema de Naciones Unidas y otras observaciones que hace este balance para extraer lecciones aprendidas y establecer recomendaciones para el Gobierno Nacional, que permita la continuación de la implementación de los acuerdos en el país.