Ley de orden público: Entre la espada y la pared

20 de noviembre del 2018

El proyecto que prórroga a cuatro años más a la denominada Ley de orden público (Ley 418 de 1997) está cerca de ser realidad, con lo que se cumpliría el mandato que ordena esta ampliación que se vence el 18 de diciembre, pero con modificaciones que le fueron hechas durante su trámite por las  comisiones […]

Ley de orden público: Entre la espada y la pared

@MinInterior

El proyecto que prórroga a cuatro años más a la denominada Ley de orden público (Ley 418 de 1997) está cerca de ser realidad, con lo que se cumpliría el mandato que ordena esta ampliación que se vence el 18 de diciembre, pero con modificaciones que le fueron hechas durante su trámite por las comisiones primeras de las dos cámaras.

El proyecto avanzó pero faltan todavía dos debates y la conciliación entre Cámara y Senado, lo que dejó a casi todos los sectores satisfechos por la ampliación de esta ley, puesto que los que estuvieron en contra de los cambios consideran que afectaría el Acuerdo de Paz y la posibilidad de establecer el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Uno de los congresistas que expresó sus molestias frente a estos arreglos fue el senador del Polo Democrático Iván Cepeda, quien en diálogo con KienyKe.com explicó los puntos que avanzaron y que constituyeron el centro de discusión y críticas.

Dijo que uno de los artículos que más causó polémica fue el de la creación de Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), que tendrán una subcuenta dentro de Fondepaz para su financiación y el artículo que establece que el Consejo de Seguridad Nacional será quien tenga la potestad de decirle al presidente de la República con qué grupo armado negociar y bajo qué condiciones.

Cepeda aseguró que fue una gran victoria y un “gran alivio” la eliminación de la iniciativa que pretendía establecer pre-condiciones para los acuerdos, debido a que “era un atentado en contra de un posible proceso de paz con los demás grupos al margen de la ley”.

El senador del Polo explicó que: “Menos mal se logró eliminar los condicionamientos que estaban explícitos en la primera versión para iniciar un proceso de diálogos, pero sí quedó vigente estas zonas de intervención que nosotros asimilamos a lo que eran las zonas de consolidación territorial en el gobierno de Uribe, zonas en las que se llevó a cabo la política de seguridad democrática”.

Agregó que la implementación de las ZEII crea un paralelismo contra los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que están previstos en el Acuerdo de Paz y que de esa forma debilita su implementación en los 167 municipios que están priorizados.

“Esto obliga a dividir los recursos disponibles, si bien en la versión final queda que los fondos que están destinados a los PDET no pueden ser sustraídos para los otros fondo. Es evidente que en esas zonas, en caso que coincida con las priorizadas para la implementación del Acuerdo, se tendrán que distribuir los recursos”, dijo.

Según el senador, el partido Centro Democrático quiere hacerle ‘mico’ a esta Ley para satisfacer sus intereses, al querer añadirle una proposición que dice que:

“En todo caso, de manera excepcional el Gobierno Nacional podrá solicitar a la autoridad correspondiente de la jurisdicción ordinaria la reactivación de las ordenes de captura que se hayan suspendido en virtud de la presente Ley, los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley afectados con esta medida, en el término de 30 días se podrán presentar voluntariamente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, afirmó.

También que si al paso de este término no se presentan, las autoridades de justicia ordinaria darán cumplimiento a la captura y los pondrán a disposición del Tribunal Especial, quienes definirán su situación de libertad.

A esto Cepeda dijo: “Esto vulnera y viola lo que se acordó en el Acuerdo de Paz. Vamos a demandar por inconstitucionalidad en caso de que estos artículos se aprueben”, aseguró.

Respecto al controvertido articulado de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, señaló que, a pesar que la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez afirmó que dichas zonas no afectarían a los PDET, cree que este tema sí deja una serie de dudas frente a la Ley de orden público y que algunos de los artículos que fueron aprobados le dejan un fuerte cuestionamiento por su constitucionalidad.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación explicó que el problema es que para los PDET ya se terminó el ciclo de planeación y diseño y que no tienen un presupuesto claro asignado.

“Si hay un tema de zonas estratégicas que es casi lo mismo que los PEDT pero con otro nombre en el cuál no se ha hecho nada, pues obviamente el Estado va a asignar plata a las zonas estratégicas y no a la figura que dejó Juan Manuel Santos la cual ya está terminada. Entonces es desgastar las comunidades, desgastar y botar plata, porque hacer toda la planeación de los PEDT gastó mucha plata”, afirmó.

A pesar de lo anterior, el experto en conflictos armados le dijo a este medio que es muy positivo que las comisiones primeras de Senado y Cámara hayan “por fin” después de tantos debates y trabas llegado a un acuerdo para prorrogar esta Ley “que es fundamental para establecer cualquier tipo de negociación”, finalizó.

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